En estos días se está rumoreando que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, podría estar barajando la posibilidad de dimitir al frente del Ministerio, por haber sido desautorizado por otros miembros del Gobierno y del partido en lo referente a su proyecto de Ley del Aborto. Desde luego que la actuación de Gallardón desde que tomó posesión de su cargo no ha estado exenta de decisiones polémicas e inaceptables y, a nuestro juicio, con graves perjuicios a la Administración de Justicia. Es el caso, por ejemplo, de la reforma del CGPJ, de la Ley de Tasas o, más recientemente, de la privatización del Registro Civil (que no de la desjudicialización, que debemos “agradecer” al último gobierno socialista y que el PSOE quiere recuperar, sacando los Registros Civiles de Justicia y con pérdida de cientos de puestos de trabajo, aunque sea sin entregarlo a los Registradores Mercantiles, y contra la que nada hizo algún sindicato que tanto protesta ahora).
Polémico también ha sido el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, uno de los proyectos “estrella” de Gallardón, y que, en su redacción originaria, suponía el mayor retroceso en los derechos de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, suprimía los Juzgados de Paz y abría la puerta a la pérdida de numerosos puestos de trabajo y a la movilidad forzosa ordinaria. No obstante, y como hemos venido informando,el preacuerdo suscrito con los sindicatos STAJ, CSIF y UGT en Julio, modifica sustancialmente la redacción originaria del anteproyecto, de forma que se salvaguardan los derechos que se ponían en grave riesgo, se mantienen las oficinas judiciales de paz y los puestos de trabajo, se impide la movilidad geográfica ordinaria forzosa y se mejoran algunos aspectos de nuestro estatuto jurídico.
