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martes, 7 de abril de 2020

Instalación de pantallas protectoras ámbito de la Gerencia de Valladolid


Desde STAJ queremos informaros, que por fin se está procediendo a la instalación de mamparas de protección en las diferentes sedes judiciales de las provincias pertenecientes a la Gerencia de Justicia de Valladolid.

Es una reclamación hecha en reiteradas ocasiones desde hace años por los miembros de los Comités de Seguridad y Salud Laboral de las diferentes provincias. A raíz de la epidemia de COVID -19 se volvió a insistir desde los diferentes Comités en dicha petición, y más teniendo en cuenta que en la Resolución de fecha 23 de marzo del propio Ministerio de Justicia sobre Seguridad Laboral en la Administración de Justicia durante la pandemia del COVID-19 se establecía entre otras medidas que se instalaran mamparas como medida de protección frente al virus.

En el día de ayer por la Gerencia de Valladolid se comunica que se han comenzado a colocar mamparas de metacrilato en todas las sedes judiciales del área de esta Gerencia Territorial. Dichas mamparas en el caso de los Registros Civiles y Juzgados de Guardia con instalaciones propias son fijas y en el resto de los casos son móviles al objeto de que sean utilizadas donde se considere necesario en cada momento.

Está previsto que estas mamparas se instalen esta semana en las capitales de provincia y la semana que viene en el resto de sedes de las cabeceras de los partidos judiciales.

Si bien nos congratulamos por ello, el número de mamparas es escaso, únicamente son para los lugares donde se prestan en este momento servicios esenciales. Seguiremos insistiendo en que se extienda su instalación al resto de servicios de las distintas sedes judiciales, dando preferencia a los que tienen una mayor afluencia de público, puesto que es una medida de protección necesaria no sólo para esta situación, sino para que el personal de la Administración de Justicia pueda desarrollar su labor diaria con mayor seguridad .

lunes, 6 de abril de 2020

MUGEJU: Receta electrónica para mutualistas del sistema público de salud de Madrid y Baleares


En la página Web de MUGEJU se publica la siguiente nota informativa:

Se informa que el colectivo de mutualistas adscritos a los sistemas públicos de salud de Madrid y de Illes Balears se han integrado en los sistemas de receta electrónica de dichas Comunidades Autónomas, uniéndose a los mutualistas del Servicio Valenciano de Salud.

Sin embargo, los mutualistas adscritos al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y que opten por la prescripción y dispensación electrónica, deberán abonar el 100% del precio del medicamento o producto sanitario en el momento de su dispensación en la oficina de farmacia. Posteriormente, podrán solicitar a MUGEJU a través del procedimiento de reintegro de gastos de farmacia, el porcentaje de financiación de esos medicamentos, según sean de aportación normal (30%), de aportación reducida (10% del PVP con un máximo de 4,24 euros por envase) o exentos de aportación en caso de productos dietoterápicos y nutrición enteral domiciliaria y tiras reactivas.

Por tanto, la incorporación al sistema de receta electrónica del SERMAS será opcional para los mutualistas. Aquellos que continúen con la prescripción en receta en soporte papel se les aplicará las aportaciones correspondientes.

No se ha podido establecer la aportación correspondiente de los mutualistas, debido a la imposibilidad por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos de llevar a cabo los cambios necesarios en los sistemas electrónicos de dispensación en las oficinas de farmacia.

Toda la información correspondiente a las medidas que se están tomando se mantendrán actualizadas en la sección "Destacados" bajo el enlace Información: "Medidas en el Estado de Alarma".

LOS SEIS SINDICATOS MAYORITARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RECLAMAN AL MINISTRO CAMPO LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL NO JUDICIAL NI FISCAL EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19


Exigimos asimismo que se inicie, de inmediato, la negociación colectiva de los planes de reactivación de la actividad procesal anunciados y, también, de la implantación de los sistemas de teletrabajo, materias ambas que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal funcionario.


La nota de prensa del Ministerio de Justicia emitida tras la reunión de la Comisión de Coordinación del pasado viernes, pone de manifiesto que el ministro Campo sigue sin aceptar que los trabajadores y trabajadoras de Justicia estemos representados en los órganos donde se toman las decisiones que afectan a nuestra salud laboral y condiciones de trabajo.

En la nota de prensa el Ministro agradece el esfuerzo del personal de Justicia en el mantenimiento de los servicios esenciales y ese reconocimiento es muy importante.

No obstante, el Ministro se olvida que su obligación, incluso en una situación como la que padecemos ahora, es la de negociar con la representación sindical cualquier plan de agilización que pretenda poner en marcha incluyendo la implantación de sistemas de acceso remoto desde el domicilio para favorecer el teletrabajo empezando por las iniciativas, o “buenas prácticas” como las denomina en su nota de prensa, que se están poniendo en marcha, de forma unilateral y sin tener competencias para ello, por la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional y por los Tribunales Superiores de Justicia de Murcia y Madrid.

Una obligación legal de negociar, puesto que el derecho fundamental de negociación colectiva no se ha suspendido por el estado de alarma, pero también un instrumento necesario para conseguir la colaboración de todos tal y como, el mismo, solicita.

Por todo lo anterior, los sindicatos hemos remitido al Ministro de Justicia Juan Carlos Campo el siguiente escrito:

STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA, sindicatos integrantes de la mesa de negociación del Ministerio de Justicia y representantes de más del 80% de las 55.000 personas que constituyen el personal funcionario no judicial ni fiscal de la Administración de Justicia, por medio del presente solicitamos la convocatoria inmediata, al amparo del art. 34.6 y DA y el apartado 1.b) de la D.A. 12ª del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de la Mesa de negociación del Ministerio de Justicia para abordar los siguientes temas:

1.- Integración de estas organizaciones sindicales en la Comisión de coordinación de la situación de crisis creada al amparo de la Orden SND/261/2020, en la misma situación en que están integrados, además del Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias en medios personales y materiales; el Consejo General de Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

2.- Participación de estas organizaciones sindicales, desde el primer momento, en el diseño, planificación e implantación en cualquier plan de actuación o de agilización que se pretenda poner en marcha en la Administración de Justicia, empezando en los planes que ya han sido objeto de anuncio en el BOE y abordados en las dos últimas reuniones de la Comisión de seguimiento antes citada, para las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y juzgados de lo mercantil, dado que dichos planes afectan a las condiciones de trabajo del personal al que representamos.

3.- Negociación de la implantación de cualquier plan de acceso remoto desde el domicilio o sistema de teletrabajo en lo que concierne a los cuerpos funcionariales de Letrados/as de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, cuerpos generales de la Administración de Justicia y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

En este sentido, le recordamos que estos sistemas de trabajo no pueden ser implantados unilateralmente por la administración ni pueden ser ordenados por los órganos de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ni otros organismos sin competencias en la determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario.

4.- Instamos igualmente a ese Ministerio a que dé traslado inmediato a las organizaciones sindicales del texto de cualquier proyecto que haya sido elaborado ya en relación con las anteriores cuestiones, para su estudio por los representantes del personal.

Los seis sindicatos entendemos que el derecho de participación, información y consulta a los trabajadores que es la base de la negociación colectiva se fundamenta entre otras razones, en el conocimiento que tenemos de primera mano sobre la realidad de la Administración de Justicia.”

sábado, 4 de abril de 2020

Registro Civil: nueva instrucción sobre remisión de datos de defunciones


El Ministerio ha dictaminado que todos los Registros civiles, incluidos Juzgados de paz, remitirán por email, una vez finalizada su jornada laboral, una relación del número de defunciones, licencias de enterramiento y lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual.

viernes, 3 de abril de 2020

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional desestima la adopción de medidas cautelarísimas solicitadas por STAJ.


Hace unos días os informábamos que STAJ había presentado demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, interesando la adopción de medidas cautelarísimas a fin de que por parte del Ministerio proporcione a los funcionarios que prestan presencialmente los servicios esenciales los equipos de protección individual

STAJ entendía que la prioridad son los servicios sanitarios, pero también todos aquellos servicios que deban prestarse de cara al público, como son los servicios esenciales de la Administración de Justicia, especialmente guardias, Registro civil, etc.  y po ello se solicitaba  a la Sala Social que acordaran las siguientes medidas:
  • Ordenar al Ministerio que de forma inmediata, faciliten a los integrantes de los órganos judiciales que deban realizar sus funciones, durante la vigencia de la epidemia del Covid-19, los equipos individuales de protección, mascarillas, guantes y geles, para su uso obligatorio durante la prestación del servicio esencial.  
  • Ordenar a la parte demandada que, DE FORMA INMEDIATA, proceda a evaluar individualizadamente los riesgos que, por sus circunstancias personales, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia a los que ha ordenado desempeñar sus funciones, asumen por ello.
  • Dispensar a los Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de prestar sus servicios a favor de las demandadas, en tanto en cuanto aquellas no les provean de los equipos de protección individualizada anteriormente referidos.
La Sala Social desestima la primera petición amparándose en que ante la diversidad de actividades de los funcionarios de la Administración de Justicia, las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de Protección Individual  EPI) deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección acorde con la actividad laboral o profesional.

Se deniega la solicitud primera sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia y siguiendo las recomendaciones de Sanidad, y teniendo en cuenta la escasez de equipos de protección y atendidos los colectivos prioritarios, entre otros el personal sanitario, pueda proceder a la adquisición de los mismos para poner a disposición de los funcionarios de la Administración de Justicia dichos equipos.

STAJ es consciente y entiende la escasez de material y la prioridad de otros trabajadores como los sanitarios con una exposición mayor y por ellos, STAJ y el resto de organizaciones sindicales venimos denunciando desde la declaración del estado de Alarma que ha sido la injerencia del Consejo General del Poder Judicial la que está poniendo en riesgo la salud de los miles de funcionarios/as de Justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias, cuando el servicio esencial de la administración de Justicia salvo en los casos concretos en que es necesaria la presencia (guardias, violencia sobre la mujer, internamientos y alguna actuación del registro civil) puede atenderse con un régimen de disponibilidad de los funcionarios que en el supuesto de producirse la necesidad de la actuación se desplacen a la sede judicial para realizarla, pero sin exponer innecesariamente a miles de funcionarios a desplazarse “por si acaso se produce una actuación” es así como entendemos que se garantiza el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales. Y es para estos servicios esenciales que deben hacerse necesariamente de forma presencial que se faciliten los Equipos de protección.

La gravedad de la crisis sanitaria que vivimos y la necesidad de reducir el movimiento y exposición de la población para conseguir vencer esta pandemia nos obliga a seguir luchando para conseguir que la prestación de servicios presencial en la Administración de Justicia se reduzca a las actuaciones anteriormente mencionadas quedando en régimen de disponibilidad el resto de funcionarios para atender aquellas que se produzcan, .para así ayudar a superar esta crisis y que podamos recuperar la normalidad cuanto antes.

STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19


Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia (STAJ, CSIF,CCOO, UGT, CIG y ELA), por el presente reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19,

Desde el principio de la crisis el CGPJ se ha atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales y ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia.

Para las seis organizaciones sindicales, los Comités de seguimiento COVID 19 creados en el seno de los TSJ por acuerdo de la Comisión permanente del Consejo carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en las materias anteriormente mencionadas. En consecuencia, sus acuerdos son nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia.

Denunciamos la táctica de sabotaje empleada por la Comisión permanente del Consejo para impedir el cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones del Ministerio de Justicia, CCAA con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia.

Denunciamos que la injerencia del Consejo General del Poder Judicial está poniendo en riesgo la salud de los miles de funcionarios/as de Justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias, mientras recomienda a los Jueces y Magistrados que trabajen desde casa gracias a los equipos informáticos prestados por la Administración y de los que no dispone el resto del personal de Justicia.

Recordamos que el CGPJ aún no se ha disculpado ante los 55.000 empleados/as públicos de Justicia por las descalificaciones vertidas en su comunicado del pasado 19 de marzo en el que se les acusaba de falta de profesionalidad.

Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados/as públicos/as, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias que se dan en la gestión de la Administración de Justicia.

Alentamos al Ministerio de Justicia y a las CCAA autónomas con competencias transferidas en materia de justicia para que continúe poniendo freno a esta irresponsabilidad del CGPJ.

Recordamos a los miembros del CGPJ que la Administración de Justicia no son sólo ellos, ni siquiera lo son sólo los Jueces y Magistrados. La Administración de Justicia son, también, los 55.000 empleados/as públicos/as que hacen posible que todos los días se abran las sedes judiciales y que, presencialmente o en disponibilidad, garantizan el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales.

Unos empleados/as públicos/as que, incluso ahora, tienen el derecho a que se proteja su salud y a que el protagonismo desmedido de integrantes del Consejo General del Poder Judicial con su presidente Carlos Lesmes a la cabeza, no la ponga en riesgo caprichosamente junto con la de sus familiares y, en general, la salud de la sociedad en su conjunto que tan valientemente está luchando contra la amenaza invisible de un virus mortal.

Para finalizar, las seis organizaciones sindicales queremos hacer un reconocimiento a todos los empleados públicos y a los trabajadores en general que, durante estos días, están prestando los servicios esenciales para que la sociedad siga funcionando. Y, no por repetido hay que darlo por hecho, nuestro agradecimiento a los miles de empleados públicos y trabajadores del sistema sanitario con independencia del Cuerpo o grupo profesional al que pertenezcan, que están dando la cara en primera línea contra el virus.

#estevirusloparamosunidos

Puesta a disposición de las comunidades autónomas de los Médicos Forenses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.



En el BOE de hoy 3 de abril se publica una modificación de la Orden SND/232/2020 de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los siguientes términos que afecta a los Médicos Forenses y personal del INTC:

«Octavo bis.Puesta a disposición de las comunidades autónomas de los Médicos Forenses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Las comunidades autónomas podrán disponer de los Médicos Forenses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que no estén prestando servicios esenciales en el ámbito de la Administración de Justicia, pudiendo destinarlos a aquellas labores de apoyo o de refuerzo sanitario que se estimen oportunas de acuerdo con sus específicos perfiles profesionales.

El Ministerio de Sanidad facilitará a las comunidades autónomas los datos de contacto que procedan, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.»

jueves, 2 de abril de 2020

El Ministerio requiere a los Secretarios de Gobierno para que cumplan la Resolución de 30 de marzo, que antepone la prestación del servicio mediante disponibilidad y no presencia física de los funcionarios en los juzgados


Tras las denuncias formuladas por STAJ sobre los incumplimientos en muchos territorios de la Resolución del Ministerio de Justicia, de fecha 29 de marzo, sobre dotación de personal para cubrir los servicios esenciales, en la que se prima la prestación del servicio mediante disponibilidad, dejando la prestación presencial al mínimo imprescindible, el Ministerio de Justicia ha trasladado a los sindicatos representativos, en la reunión celebrada esta mañana por videoconferencia, que ha dado *orden a los Secretarios de Gobierno para que cumplan con la resolución dictada, promoviendo la disponibilidad como mecanismo prioritario,* para poder proteger la salud de los trabajadores.

El Ministerio nos pide colaboración en este sentido a fin de que comuniquemos aquellos casos en que no se esté cumpliendo, y así lo estamos haciendo y trasladando al Ministerio, para que actúe en consecuencia.

En cuanto a los EPIS, a partir de la semana que viene se contará con un número mayor de ellos y se repartirán de manera inmediata, conforme se ha realizado el anterior reparto.

En la actualidad no se dispone de test para detectar el virus, para los funcionarios de justicia, porque lógicamente se ha priorizado y destinado al personal sanitario y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

MUGEJU: Acuerdo entre el CGCOF y Cruz Roja para la dispensación de medicamentos a domicilio

 
El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y Cruz Roja han llegado a un acuerdo de colaboración que puede ser de interés para muchos mutualistas de MUGEJU con problemas para acudir a la farmacia en estos días de confinamiento por la crisis del coronavirus.
Las más de 22.000 farmacias y la red de más de 200.000 personas voluntarias de la Cruz Roja han sumado sus fuerzas para facilitar la entrega a domicilio de medicamentos a pacientes en cuarentena, con problemas de movilidad, enfermedad aguda –incluidos los afectados por Covid-19- crónicos complejos con enfermedades respiratorias o que supongan un déficit de la inmunidad, diabéticos y con enfermedades cardiovasculares. El acuerdo, estará vigente mientras se mantenga el estado de alarma decretado por el Gobierno.
Entrega a domicilio
El servicio podrá incluir la entrega de medicamentos en el domicilio de la persona que lo demande, con y sin receta médica, del SNS y de receta médica privada, productos sanitarios y productos de salud.
Los interesados podrán solicitar su medicamento a cualquier farmacia de su municipio o municipio limítrofe en caso de que en el suyo no haya farmacia.
Para más detalles sobre la prescripción de recetas, la gestión y entrega de los pedidos así como el pago de la mismos, pueden consultar los siguientes enlaces:

MUGEJU: Aviso a los mutualistas tratados con Hidroxicloroquina y Cloroquina


Nota informativa publicada en la página web de MUGEJU

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha indicado, en el marco del estado de alarma en que nos hallamos, que las prescripciones de medicamentos que contengan hidroxicloroquina/cloroquina como son los medicamentos: Dolquine, Xanban; HIdroxicloriquina Ratiopharm, Hidroxicloroquina Aldo-Union, y Resochin deben realizarse en las recetas oficiales y tiene que acreditarse que el paciente cumple los requisitos establecidos para su prescripción.

Desde MUGEJU estamos remitiendo directamente a cada uno de nuestros mutualistas afectados una Declaración Responsable expedida por la Gerente de este organismo, para ser presentada -junto con la receta oficial de MUGEJU correctamente cumplimentada- en la oficina de farmacia para la dispensación de cualquiera de los medicamentos señalados anteriormente.

No obstante, ante la eventualidad de que debido a errores u omisiones que puedan contenerse en nuestra base de datos, no resulte posible la remisión de la Declaración Responsable, se avisa a las personas interesadas de que, si no la recibe en los próximos días, nos lo indique poniéndose en contacto con nuestros Servicios Centrales,  mediante correo electrónico en la siguiente dirección: farmacia.mugeju@lista.justicia.es .

Prórroga del plazo de la Acción Social


Como ya es de conocimiento general los plazos administrativos se hayan suspendidos, incluido el de solicitar la acción social. Se ha colgado en la aplicación para solicitar las ayudas una nota informando de que "se prorroga el plazo para solicitud de acción Social 2019, en 19 días naturales, a computar desde el momento que pierda la vigencia el estado de alarma (R.D. 463/2020, de 14 de marzo), o en su caso las prórrogas del mismo. No obstante, dado que el proceso de solicitudes de acción social se realiza on line, a través de la aplicación Ainoa, que se encuentra operativa en estos momentos en lo que a acción Social se refiere, quienes lo deseen pueden continuar formulando sus solicitudes, sin interrupción, hasta el último día del plazo de prórroga para solicitud de acción social."   

Protocolo de actuación para la coordinación de los riesgos laborales ante el COVID19


El Ministerio de Justicia ha publicado una guía que establece el protocolo de actuación en materia de prevención de riesgos laborales ante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19.

Protocolo de pagos en procesos judiciales durante el estado de Alarma.


El Ministerio de Justicia ha publicado un Protocolo de actuación conjunto para la realización de los pagos en Procesos Judiciales durante el estado de Alarma a través de la Circular 1/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia. 

miércoles, 1 de abril de 2020

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2019: DISPONIBLE LOS BORRADORES

 
Desde el día 1 de abril podéis consultar el borrador de la declaración de la renta 2019, en el que se reflejan los ingresos y rendimientos obtenidos durante ese año, accediendo a la página de la AEAT. El plazo de presentación finaliza el 30 de junio.

Desde la página de la Agencia Tributaria se informa que las oficinas de la AEAT estarán temporalmente cerradas para la atención presencial, pero señalan que "la interrupción de los plazos administrativos que se establecen en el Real Decreto que declara el estado de alarma, no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias".

En el portal del área privada de la Administración de Justicia podéis descargaros ya el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas  del año 2019 (IRPF).
Recordad que los que estéis afiliados a algún sindicato podéis aplicaros la deducción en el apartado rendimientos de trabajo en la casilla nº 014. La cuota sindical al sindicato STAJ son 4 euros al mes.