Desde este sindicato denunciamos la gravísima situación que actualmente se padece en la jurisdicción penal. El aumento de los procedimientos y de la complejidad en la tramitación de los mismos, a lo que se suman los continuos cambios en la legislación penal, está llevando a esta jurisdicción a una situación de colapso crónico. A todo esto hemos de añadir la asunción de nuevas competencias y funciones, cuyo último exponente ha sido la creación del Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes (R.D. 95/09 de 6 de febrero), que implica una nueva carga de trabajo y supone a una saturación insoportable. Staj exige, entre otras cosas, la suspensión provisional del R.D. 95/09 en tanto no se implanten los medios técnicos y personales suficientes, la inminente negociación de las prolongaciónes de jornada voluntarias, y respecto a los Juzgados de lo Penal, la aprobación de medidas de refuerzo y la creación de juzgados especializados en Ejecutorias.
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