El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado para su remisión a las Cortes el Proyecto de Ley del Registro Civil, que supone un cambio profundo del actual modelo registral, vigente desde 1957.
Según el Gobierno, “la modernización del Registro Civil hace necesaria su desjudicialización, por lo que pasa a configurarse como órgano administrativo, dependiente del Ministerio de Justicia y gestionado por funcionarios públicos, cuyas decisiones, lógicamente, estarán sometidas a control judicial. Con ello, se descarga a los jueces de una función impropia, lo que permitirá que puedan dedicarse en exclusiva a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.”
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