El Ministro Gallardón
ha iniciado un proceso de reformas en la Administración de
Justicia que pretende romper totalmente con el diseño y la organización de la Justicia en nuestro país.
Objetivo loable, desde luego, si persiguiera realmente la tan ansiada modernización
de la Administración
de Justicia. Pero lo cierto es que las reformas ya iniciadas encierran graves
riesgos para el servicio público y para los funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia, pues tales reformas están teniendo com o
primer efecto la limitación del acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos con menos
medios, así com o una privatización
de servicios para dejarlos en manos privadas con el consiguiente riesgo para la
concepción de la Justicia
com o servicio público y para la
propia subsistencia de muchos puestos de trabajo.
Ley de tasas
Ha sido la primera gran reforma, ya en vigor, que ha encarecido
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El segundo gran proyecto que prepara Gallardón persigue entregar la
gestión del Registro Civil a los Registradores de
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Procuradores
Otro proyecto, que ya ha sido aprobado por el Gobierno y está ya
tramitándose para su posterior remisión al Parlamento, es la atribución de funciones
procesales a los Procuradores. No es algo nuevo, pues los procuradores ya
tenían atribuida la facultad de realizar actos de
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Reforma del proceso
penal
Es otra de las grandes reformas proyectadas por el Ministerio y consiste
fundamental-mente en la atribución de la instrucción penal al Ministerio
Fiscal. La consecuencia inmediata para los puestos de trabajo de los
funcionarios es que muchos
de los que ahora prestan servicio en Juzgados de Instrucción (o de 1ª
Instancia e Instrucción), serán reordenados a las Fiscalías; no obstante, y dado que muchas
actuaciones de la investigación penal requieren la intervención judicial, por
injerir directamente en derechos fundamentales (p.e., prisión provisional,
intervención de las
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Reforma de la LOPJ y de la demarcación
judicial
Este proyecto está aún en fase muy inicial, pero ya ha
Si se aprueba el proyecto, los órganos judiciales serán: TRIBUNAL SUPREMO,
AUDIENCIA NACIONAL, TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA y TRIBUNALES DE
INSTANCIA.
El Tribunal Supremo apenas sufre cambios, pero la Audiencia Nacional incorpora dos nuevas salas (Sala de
Instancia Penal y Sala de Instancia de lo Contencioso-administrativo), que
asumen, en general, las funciones de los actuales Juzgados centrales. También
sufren cambios los Tribunales
Superiores de Justicia, pues a partir de ahora se encargarán de la
resolución de los recursos que ahora tramitan las Audiencias Provinciales.
La “gran estrella” de la reforma serán los TRIBUNALES DE INSTANCIA,
que asumirán las actuales
Los Tribunales de Instancia tendrán cuatro
salas, una por cada
orden jurisdiccional, y dentro de cada sala y para el conocimiento
ordinario de los asuntos de su
La Oficina judicial que sirve de soporte a los
Tribunales tendrá Unidades Procesales de Apoyo directo a jueces (UPADs), y
Servicios
· UPADs: apoyan
directamente a los jueces, y pueden apoyar a cada unidad judicial o sección, o
a varias unidades o secciones dentro del mismo Tribunal (aunque lo normal
será la primera opción).
· Servicios
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El Ministerio de Justicia no está siendo transparente con los
trabajadores. Los proyectos de
modificación de la LOPJ
y de la demarcación y organización judicial, así com o
el proyecto de reforma del proceso penal, son lo suficientemente amplios com o para afectar de manera directa y negativa a las
condiciones de trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia; el nuevo modelo organizativo basado en los tribunales de instancia,
con la consiguiente desaparición de los Juzgados unipersonales y los partidos
judiciales afectará
necesariamente a la distribución de los puestos de trabajo de las oficinas
judiciales, pero el
Ministerio no desvela hasta qué punto, con lo que el riesgo de reordenación de
efectivos con movilidad geográfica es un hecho, por más que el Ministerio
diga en los medios que no se va a producir.
Debemos
exigir al Ministerio que sea transparente. Debemos
exigir al Ministerio que garantice, por escrito y en el BOE, que no se van a producir ni
amortizaciones de plazas, ni reordenaciones de efectivos descontroladas y con
movilidad geográfica, que no vamos a perder retribuciones por ningún concepto,
que no se van a perder puestos de trabajo.
La
actitud del Ministerio sigue siendo la misma desde que com enzó
la legislatura hace año y medio. Es nuestro deber decir basta a sus políticas
privatizadoras y de atentados a las condiciones de trabajo de los funcionarios.
Porque
peligra el servicio público, porque siguen peligrando nuestras retribuciones,
porque peligran nuestros puestos de trabajo.
EL DÍA 22 DE MAYO, PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LAS MOVILIZACIONES CONVOCADAS
EN TODA ESPAÑA