Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia consideramos que el Registro Civil debe continuar siendo un servicio enteramente público, gestionado por funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Nos oponemos tanto a la desjudicialización en los términos previstos en la Ley de 2011, como a la privatización (o semiprivatización) proyectada ahora por el Ministerio de Justicia.
El hecho de que se produzca la “desjudicialización”, es decir, que los jueces dejen de ser los “encargados” del Registro Civil, no tiene por qué suponer que ese servicio se extraiga de la Administración de Justicia. Existen servicios que están gestionados por funcionarios al servicio de la Administración de Justicia aunque no sean labores propias de apoyo a la actividad jurisdiccional de los jueces y magistrados. Es el caso de los Institutos de Medicina Legal, por ejemplo, o de otros servicios como las Delegaciones provinciales de la Mutualidad General Judicial (que gestiona todo lo relativo a la asistencia sanitaria de los jueces, fiscales y funcionarios de carrera de la Administración de Justicia). En ellos, sin realizar funciones jurisdiccionales, prestan sus servicios los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
Por otra parte, no puede obviarse que los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tenemos conocimientos y experiencia sobrada en esta materia, muy necesaria para un servicio público que lo que verdaderamente requiere para ser plenamente eficaz es una inversión suficiente en medios materiales y humanos y una completa modernización, que facilite su acceso por la ciudadanía.
Si en definitiva se opta por la desjudicialización, es decir, por suprimir esta competencia a jueces y magistrados, -por ser actividad no jurisdiccional-, la propuesta que hace el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia pasa también por la derogación de la Ley de 2011, aun sin haber entrado en vigor.
Proponemos, y así lo solicitamos expresamente, que los Registros Civiles continúen siendo un servicio de la Administración de Justicia, en el que los Secretarios Judiciales sean los Encargados de los mismos, y los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, continúen prestando sus servicios en las respectivas oficinas de Registro Civil, configurándose como Centro de Destino en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de acuerdo con la relación de puestos de trabajo que en definitiva se apruebe que en todo caso habrá de garantizar la permanencia, al menos, de la plantilla que actualmente está destinada a funciones de Registro Civil.
Como siempre, este sindicato ofrece su plena colaboración para lograr un servicio moderno de la máxima eficacia para beneficio, en definitiva, de los ciudadanos, que es a quien va dirigido. Abogamos por su modernización, para lo cual, insistimos, lo necesario es una mayor inversión en medios tecnológicos y humanos, así como su permanencia dentro de la Administración de Justicia, en los términos aquí expuestos, lo que garantizará su calidad y una gestión absolutamente profesional, gratuita y garante de los derechos de los ciudadanos, a quienes todos nos debemos
