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jueves, 13 de marzo de 2014

STAJ exige al Ministerio negociación de las reformas en proyecto


STAJ ha presentado escrito dirigido al Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón mostrando el malestar existente entre los funcionarios por la falta de negociación con las organizaciones sindicales de todos los proyectos que el Ministerio tiene en marcha y que afectan de manera muy directa a todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de todo el territorio nacional. Reformas que ya han supuesto en unos casos una limitación del acceso a la Justicia por parte de los más débiles económicamente, y que en otros casos supondrán, en buena medida, una privatización de servicios para dejarlos en manos privadas con el consiguiente riesgo para la concepción de la Justicia como servicio público y para la propia subsistencia de muchos puestos de trabajo. Prueba de ello son la ya aprobada Ley de Tasas, Ley del Registro Civil, atribución de funciones procesales públicas a Procuradores, reforma del Proceso penal, reforma de la LOPJ y de la demarcación judicial.

Proyectos todos que son lo suficientemente amplios como para afectar de manera directa e incluso negativa a las condiciones de trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia: el nuevo modelo organizativo basado en los tribunales de instancia, con la consiguiente desaparición de los Juzgados unipersonales y los partidos judiciales afectará necesariamente a la distribución de los puestos de trabajo de las oficinas judiciales, con lo que el riesgo de reordenación de efectivos con movilidad geográfica es una amenaza real. La entrega del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad   también afectará negativamente al servicio público y a los puestos de trabajo. La atribución de funciones procesales públicas a los Procuradores, puede también afectar negativamente a los puestos de trabajo, además de ser, a nuestro juicio, contrario a la imparcialidad que debe presidir todo el proceso judicial no sólo en el enjuiciamiento sino también en la ejecución de las sentencias, y por tanto contrario al principio de tutela judicial efectiva.

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