La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha elaborado un informe muy crítico con el anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) elaborado por el Ministerio de Justicia en el que se plantean dudas de constitucionalidad respecto de algunos preceptos, como el de jurisprudencia vinculante de este órgano, mientras que considera que otros condicionan la independencia judicial "pese al énfasis con que la proclama".
Este informe, que ya ha sido remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), deberá ser tenido en cuenta por este órgano para realizar su informe preceptivo, previo a la remisión del proyecto a las Cortes. El órgano de gobierno de los jueces ya tiene sobre a mesa otros informes sobre esta reforma realizados por las asociaciones de jueces que la valoran también muy negativamente.
De entrada, el Supremo considera que ya en su exposición de motivos la Ley auspiciada por Alberto Ruiz-Gallardón "trasluce una idea de jerarquización de los órganos judiciales que atenúa o debilita la independencia que constituye el rasgo esencial y más característico del ejercicio de la potestad jurisdiccional".
El informe critica igualmente con contundencia la reordenación interna del Tribunal Provincial de Instancia, sobre el que pivota toda la reforma, y llama la atención sobre la "difícil compatibilidad de la jurisprudencia vinculante con el principio de legalidad en material penal establecido por el propio Tribunal Constitucional. Según el Anteproyecto que cada tres meses el Pleno de cada una de las cinco salas del Supremo deberá decidir cuál es su jurisprudencia vinculante y ésta se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
