Publicado en cuarto poder: 12/11/2014
La decisión del Gobierno de privatizar el Registro Civil ha añadido otra página poco ejemplar a la reciente historia de las corruptelas y el tráfico de influencias. El diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha instado al Ejecutivo a que investigue “las turbias relaciones económicas de la Dirección General del Registro y del Notariado con la empresa Futuver”, beneficiaria del negocio, pero su petición podría tocar de cerca a Enrique Rajoy, hermano del presidente, y no ha surtido efecto. El Ejecutivo se ha abstenido de aclarar las presuntas irregularidades con características de latrocinio y de aplicar sanciones. Mientras, la privatización del Registro sigue su curso entre las protestas de los funcionarios y de los colegios profesionales de Registradores y Secretarios Judiciales.
La operación ideada por el ministro Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez y continuada por su sucesor Rafael Catalá Polo de entregar al Colegio de Registradores de la Propiedad la gestión de los expedientes de nacionalidad con la excusa de resolver el colapso –la dilación no ha bajado de dos años- supuso la aplicación del software informático que los registradores debían utilizar y que costó al Colegio la apreciable suma de 5,15 millones de euros. La primera sorpresa fue que el jefe del Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad y director del equipo nombrado por Gallardón en enero de 2012, el registrador Javier Angulo Rodríguez, era a su vez el administrador de la sociedad de matriz rumana Futuver Consulting que diseñó y vendió el software.
De este modo, Angulo, con el visto bueno de sus superiores en el Ministerio de Justicia, impuso a los registradores la contratación del software de su propia empresa privada. Pero el negocio dividió a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, en principio controlada por personas afines al ministro Gallardón. La extrañeza de gran parte del millar de colegiados era lógica si se tiene en cuenta que el Colegio dispone de un buen servicio informático, con cerca de 300 profesionales que desarrollan la mayor parte de los software que utilizan los registradores.
La sorpresa fue en aumento cuando una auditoría del Colegio reveló que la contratación de Futuver se realizó “por encima de los precios de mercado”. Otra auditoría externa realizada por la consultora Hitachi puso de relieve que Justicia “decidió unilateralmente que el software de gestión de los expedientes de nacionalidad fuese adjudicado directamente y sin concurrencia a la empresa Futuver, sin que se compararan otras posibilidades” y subrayó que el coste “o bien queda claramente por encima de los precios de mercado o bien parece totalmente fuera de cualquier regla habitual de mercado”. La conclusión fue que “el sistema informático de gestión de los expedientes de nacionalidad podía haber costado entre 300.000 y 400.000 euros”, es decir, doce veces menos de lo que se pagó.
Llamazares pidió aclaraciones sobre estos hechos y reclamó la exigencia de responsabilidades políticas y penales, si las hubiere. El Gobierno le ha contestado diciendo lacónicamente que no hay nada que investigar. El director general de Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez, responsable directo de la operación desarrollada por Angulo Rodríguez, conocía perfectamente el procedimiento porque él mismo había dirigido el servicio en el pasado.
Una vez realizado el cometido encomendado, Angulo Rodríguez volvió a su tarea de registrador como si nada hubiera ocurrido. “Fue el negocio redondo para unos pocos –comenta Llamazares-, pero fue un negocio que provocó un agujero económico importante en el Colegio de Registradores, y una fuerte división en un colectivo que aglutina a poco más de 1.000 profesionales con carácter de funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposición y dependen del Gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes, contratando a sus propias plantillas”.
En concreto, Angulo Rodríguez, que antes del “gran pelotazo tecnológico” era titular del registro número dos de Estepona (Málaga), está destinado en el registro de Lleida desde febrero pasado y sigue ligado a empresas privadas, ahora como administrador de la Consultoría de Análisis e Inversiones para Rumania. Su superior en el Ministerio de Justicia, Joaquín Rodríguez, es titular del Registro Mercantil de Zaragoza en situación de servicios especiales con reserva de plaza –la misma situación en la que está el Presidente del Gobierno con el Registro de Santa Pola-. Según la información que Llamazares ha transmitido al Gobierno, este registro emite las facturas para una comunidad de bienes, aunque sólo cuenta con un registrador en activo –el consuegro de Rodríguez-, y, por tanto, “no puede haber comunidad de uno solo”, explica Llamazares, que aporta otro dato decisivo para investigar la existencia de un eventual conflicto de intereses del alto cargo: en la cuenta corriente que indican para hacer el ingreso aparece Joaquín Rodríguez como cotitular.
La cuestión de fondo que el diputado de IU trata de desentrañar radica en el desparpajo con el que actuaban unas personas de ley para enriquecerse a costa de un servicio público del Estado, hasta ahora gratuito para los ciudadanos como es el Registro Civil. ¿Quién está detrás de la sociedad Futuver? Se sabe que el registrador Enrique Rajoy Brey realizó gestiones internacionales relacionadas con esa sociedad. Sin embargo, el Gobierno, en una lacónica respuesta enviada a Llamazares días atrás, niega que el hermano del presidente haya tenido relación con esa empresa. Tampoco el director general Rodríguez habría tenido, según el Gobierno, relación alguna con Futuver a pesar de que fuentes de los registradores le atribuyen una opción de compra de participaciones.
Consciente del sobrecoste para los registradores, Rodríguez dictó una instrucción en la que fijaba desde octubre de 2012 el domicilio de los expedientes de nacionalidad en el edificio de Icree, la sociedad inversionista de los registradores, en calle Alcalá 540 de Madrid. En esta dirección tiene su sede social Futuver. Aunque el Gobierno no ha aclarado la cuantía de la compensación a los registradores a través del alquiler, Justicia dedica 2,5 millones de euros anuales a alquileres, con independencia de los 27 millones que destina cada año a pagar dependencias judiciales.
La privatización del Registro Civil se completará definitivamente el 15 de junio de 2015 con el traspaso de los trámites que hasta ahora realizaban los funcionarios del Ministerio de Justicia al Registro Mercantil. El Gobierno incluyó esa decisión, que seguirá favoreciendo económicamente a Futuver, en la “ley ómnibus” de medidas de apoyo a la economía que aprobó antes del verano y en la que incluyó la privatización de Aeropuertos Nacionales (AENA) y modificó 32 leyes. La protesta de los empleados públicos de los registros civiles no se ha hecho esperar. Pero en esta ocasión, los sindicatos no están solos en la defensa de los 3.500 puestos de trabajo amenazados de extinción. La Asociación Profesional de Registradores (APR) ha mostrado su oposición a la futura reorganización de los registros por contener “aspectos lesivos” para el servicio público y la función registral y ha anunciado su intención de acudir a los tribunales contra la decisión del Ejecutivo. El Colegio de Registradores también ha dejado claro su “total desacuerdo con la decisión de que los registradores mercantiles se encarguen de la llevanza del Registro Civil” y ha advertido sobre los problemas jurídicos y de organización que puede generar una decisión que colisiona, asegura, con las normas del derecho comunitario. Hasta el Colegio de Secretarios Judiciales ha mostrado su extrañeza y han recordado que hicieron la mejor oferta para gestionar el Registro Civil.
