Este martes 28 de abril ha tenido lugar una nueva reunión de grupo de trabajo entre el Ministerio y STAJ,
CSIF, CCOO, UGT, ELA y CIG, para abordar el proyecto de reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el gobierno y que se
encuentra en tramitación parlamentaria).
STAJ ya presentó alegaciones a
este proyecto, incidiendo en aspectos fundamentales que afectan no sólo a
cuestiones puntuales como parecía pretender el Ministerio, sino a
cuestiones de gran profundidad relativas tanto al estatuto jurídico
propiamente dicho de los funcionarios como a la recuperación de derechos
y retribuciones perdidos, así como a cuestiones relativas a
organización judicial, que afectan directamente a las condiciones de
trabajo de los funcionarios.
STAJ exigió que además de cumplir los aspectos del preacuerdo de Julio, era preciso mejorar otras cuestiones ya
que el proyecto aprobado en febrero introduce aspectos organizativos
diferentes a los incluidos en el desastroso Anteproyecto que aprobó el
equipo de Gallardón, pero que aun no siendo aparentemente
perjudiciales como sí lo eran los contenidos en ese Anteproyecto
(desaparición de partidos judiciales, movilidad geográfica, centros de
destino provinciales, etc.), sí que pueden incidir en las condiciones de trabajo de los funcionarios, incluso de forma negativa.
STAJ recordó que el propio
Ministro Catalá en reiteradas ocasiones se ha comprometido a cumplir el
preacuerdo de Julio pasado y a seguir debatiendo sobre otras cuestiones
que puedan mejorar el texto, por lo que en la reunión de hoy hemos exigido al Ministerio que cumpla ese compromiso.
Y hemos exigido que la negociación empiece ya y se deje el Ministerio
de perder el tiempo en reuniones vacías de contenido, pues los plazos y
los trámites de enmienda al proyecto ya están en curso y se acaban.
Ante esta postura sindical, el Ministerio ha aceptado continuar la negociación de forma inmediata, centrándose en tres bloques:
1.- Cuestiones relativas a organización judicial y reparto de trabajo entre órganos judiciales.
Entre otras novedades, el Proyecto de LOPJ introduce la posibilidad de
reforzar ciertos juzgados con jueces y secretarios judiciales (futuros
Letrados judiciales), pero nada dice respecto al personal. STAJ no
va a aceptar que como siempre se nombren jueces de refuerzo y no haya
ninguna norma que obligue a nombrar también personal funcionario de
refuerzo y hemos exigido que los módulos de carga ideal de trabajo
estudien también el trabajo que se realiza en la oficina. También prevé
el proyecto la posibilidad de modificar demarcación judicial de
determinados tipos de órganos, que ya está en la LOPJ actual en vigor,
desde que se promulgó en 1985, pero que ahora se pretende que se pueda
hacer mediante Real Decreto Ley. El Ministerio se ha referido
expresamente a la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, solicitada desde muchos sectores (incluido el Observatorio de la Violencia de Género) Hemos exigido que cualquier modificación
de la demarcación debe ser también negociada con los sindicatos y que
en ningún caso suponga pérdida de retribuciones ni movilidad geográfica
para los funcionarios, tal como se garantiza en el preacuerdo.
2.- Cuestiones relativas al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (Secretarios judiciales).- En este aspecto STAJ exige, entre otras cosas, un régimen de sustituciones eficiente y que facilite la sustitución por parte de los Gestores, así como una verdadera promoción interna
y no lo que recoge el proyecto actual que es una manipulación y insulto
que imposibilita la promoción al Cuerpo de Letrados, incumpliendo
flagrantemente los términos del preacuerdo de julio.
3.- Aspectos relativos al estatuto jurídico (Libro VI) En este apartado, STAJ ha vuelto a incidir en el necesario respeto a los estrictos términos del preacuerdo en materia de promoción interna, así como en la potenciación de funciones, la recuperación de derechos y retribuciones hurtadas en nombre de la crisis, mejora del régimen disciplinario, mejora del régimen de productividad, sustituciones, y desarrollo reglamentario.
