Reunión de STAJ con el Ministro de Justicia.
Este martes día 14 de abril STAJ
ha mantenido una nueva reunión con el Ministro de Justicia Rafael
Catalá, en la ronda de reuniones que viene manteniendo el ministro con
los diferentes colectivos relacionados con la Administración de
Justicia.
La reunión, que tenía por objeto el
intercambio de impresiones en torno a las reformas legislativas que está
impulsando el Ministerio y que afectan a la Administración de Justicia,
se centró fundamentalmente en el proyecto de traspaso del Registro
Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y en algunos
aspectos del proyecto de LOPJ que está ya en trámite parlamentario.
REGISTRO CIVIL.-
STAJ ha reiterado su firme
oposición a la privatización del Registro Civil, y hemos vuelto a abogar
por su mantenimiento como un servicio público, gratuito y dentro de la
Administración de Justicia, como mejor garantía para los ciudadanos, y
ha puesto de manifiesto que en cualquier caso el proyecto de traspaso a
los Registros de la Propiedad y Mercantiles difícilmente podrá llevarse a
efecto en la fecha del 15 de julio.
En este sentido, el Ministro nos informa que
la implantación del nuevo sistema a partir de esa fecha “no es un
dogma” y que en cualquier caso es muy probable que no será uniforme,
pues dependerá del diferente estado del desarrollo de las plataformas
informáticas y demás infraestructuras necesarias según los ámbitos. Se
establecerá un régimen transitorio que aclarará todas estas cuestiones.
De momento los Registros, dice, deben seguir trabajando con total
normalidad.
El Ministro insiste en que no se trata
de una privatización porque seguirá siendo un Registro Civil de
titularidad pública y por ser los Registradores funcionarios públicos, y
que cumple lo previsto en la Ley de 2011, aprobada por unanimidad de
todos los Grupos parlamentarios en su momento, pues el hecho de que sean
los Registradores de la Propiedad los Encargados del Registro era una
de las posibilidades que se abrían con esa ley. STAJ le recordó que ya mostramos nuestra disconformidad con esa Ley.
El Ministro insiste también en que los
trámites propios del Registro Civil seguirán siendo gratuitos, si bien
reconoce que existen otros trámites “nuevos” por los que los
Registradores cobrarán arancel, por ser necesario para financiar sus
oficinas, como es el caso del nuevo procedimiento para la
nacionalización de los sefardíes, que tendrá coste para los interesados.
Ello confirma lo que STAJ viene denunciando, pues los
Registradores tienen que financiar el coste de sus oficinas, de personal
e infraestructuras, y si no lo hacen mediante el cobro de aranceles
directos por los actos del Registro Civil, tendrán que hacerlo por otros
que hasta ahora no tenían coste o elevando el de los actuales, o
inventando trámites nuevos que habrán de tener reflejo en el Registro de
la Propiedad o Mercantil.
Se retoma nuevamente la decisión de que sean los Registros de la Propiedad y no sólo los mercantiles
los que asuman el Registro Civil, para así no estar las oficinas
únicamente en las capitales de provincia que es donde habitualmente
tienen su sede los Registros mercantiles. Los Juzgados de Paz mantendrán
competencias en materia fundamentalmente de recepción de solicitudes y
entrega de documentación.
Situación del personal tras la
desjudicialización.-
Por lo que respecta a la situación en que quedará
el personal destinado o adscrito a los Registros Civiles, el Ministro
insiste en su compromiso de que no se perderán plazas. STAJ
no va a abandonar la lucha contra la privatización del Registro Civil,
pero en cualquier caso hemos exigido que cualquiera que sea el modelo de
desjudicialización, el número de plazas actuales de plantilla orgánica
debe permanecer inalterado, de modo que deben crearse tantas plazas
en otros órganos judiciales como las que desaparezcan de los Registros
Civiles como consecuencia de la desjudicialización. En la reunión de la
mesa sectorial que tendrá lugar este jueves día 16 de abril se nos
informará de los detalles del régimen transitorio y de los diferentes
procesos de reordenación de efectivos que serán necesarios en la mayoría
de los casos. STAJ exige una urgente respuesta a todas las dudas
que se están suscitando en torno a esta cuestión, máxime teniendo en
cuenta la proximidad de un concurso de traslado que condicionará la
participación de muchos funcionarios afectados.
REFORMA LOPJ.-
STAJ ha advertido al Ministro
que no va a tolerar ningún incumplimiento del preacuerdo suscrito en el
mes de julio, por el que se mejoraban sustancialmente muchos aspectos
del nefasto Anteproyecto de LOPJ aprobado durante la etapa de Gallardón.
Por tanto, hemos exigido que en el
nuevo texto se introduzcan las modificaciones que sean precisas en orden
a mantener un auténtico derecho a la promoción profesional, de forma
que sea posible la existencia de procesos de promoción interna
independientes de las ofertas públicas de empleo o cuando estas sean
reducidas. Y esto debe aplicarse a todos los Cuerpos, incluido el de
Letrados de la Administración de Justicia (actuales secretarios
judiciales). En este sentido STAJ ha reprochado al Ministro que
su departamento ha actuado con absoluta mala fe, pues con la redacción
que se ha dado al nuevo proyecto en esta concreta materia se incumple
flagrantemente la letra y el espíritu del preacuerdo, haciendo la
promoción al cuerpo de Letrados (secretarios judiciales) muchísimo más
gravosa que la que se establece para el resto de Cuerpos. El Ministerio,
en lugar de aprovechar el capital humano y la experiencia de quienes ya
trabajamos en la Administración de Justicia, se dedica a poner
zancadillas a las aspiraciones de promoción profesional de los
funcionarios. Esto es algo que STAJ no va a tolerar de ningún modo.
En relación con el resto de puntos del
preacuerdo que tienen cabida en la nueva LOPJ (centros de destino
referidos al municipio y no a la provincia, mantenimiento de los
partidos judiciales y los juzgados de paz, prohibición de movilidad
ordinaria forzosa, etc.), STAJ ha advertido que no tolerará que
se altere lo pactado en el mes de julio, recordando al Ministro el
compromiso que adquirió de respeto absoluto al preacuerdo e incluso
abriendo la posibilidad de negociar otras mejoras en nuestro estatuto
jurídico.
Otras cuestiones.-
Postulación funcionarios.- STAJ
ha vuelto a recordar el compromiso del Ministerio en el sentido de
modificar la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa para
volver a permitir que los funcionarios públicos comparezca en juicio por
sí mismos sin necesidad de abogado y procurador para la defensa de sus
derechos estatutarios.
Devolución paga extra.- Hemos
vuelto a exigir la devolución completa de la paga extra. Los tribunales
nos están dando la razón, y el Ministerio debe evitar el colapso que
está generando como consecuencia de las extensiones de sentencia.
Cotizaciones Seguridad Social antiguas de personal interino.-
Hemos recordado directamente al Ministro los casos de ausencia de
cotizaciones e determinados periodos, en lo que están trabajando
conjuntamente con la Seguridad Social para solucionar los problemas. En
este sentido hemos pedido un documento escrito por parte del Ministerio
en el que quede constancia de los errores existentes y el compromiso de
solucionarlo.
Juzgados de Paz.- El Ministerio
confirma que con el nuevo Código Penal los Juzgados de Paz
prácticamente no tendrá competencias en materia de juicios penales, al
desaparecer las faltas. El Ministro se muestra abierto a recibir ideas
para dar competencias a estos Juzgados, dado que tras la
desjudicialización del Registro Civil y la despenalización de las
faltas, pierden muchas funciones que deberían ser sustituidas por otras.
Modernización tecnológica.- STAJ
ha dejado clara su apuesta por la modernización en cuanto pueda suponer
mejora en la calidad del servicio público y agilización de trámites,
pero lo que no podemos aceptar es que se haga con constantes fallos que
lo único que provocan es más trabajo para el funcionario y, precisamente
el efecto contrario al deseado, ralentizando aún más los expedientes.
Es preciso tener en cuenta las peculiaridades de cada jurisdicción, pues
evidentemente no es lo mismo la digitalización de un sumario que la de
un procedimiento abreviado contencioso-administrativo..
Por lo demás volvimos a recordar de forma genérica otras reclamaciones y peticiones que venimos realizando desde STAJ,
sobre ofertas de empleo público, procedimientos de concurso-oposición
de forma equilibrada con el derecho al acceso libre en igualdad de
condiciones, etc.
También hemos recordado al Ministro la
iniciativa impulsada por compañeros de Granada en el que instaban a la
instauración de un protocolo que permita la colaboración entre
Administraciones para evitar que se produzcan situaciones de exclusión
social como consecuencia de procedimientos que terminen en desahucio.
