Ante la reciente emisión televisiva de un reportaje en el que se denuncian supuestas prácticas irregulares de algunos pocos funcionarios en relación con el cumplimiento de la jornada laboral, desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia queremos manifestar lo siguiente:
1.- En primer lugar, que esas prácticas, de existir, son mínimas y muy aisladas y por supuesto las rechazamos. La inmensa mayoría de los funcionarios de Justicia de toda España cumplen su jornada laboral con absoluto rigor y profesionalidad excediendo, en muchísimos casos, el tiempo obligatorio de trabajo. Por tanto, centrar la información en esos pocos casos aislados, por escandalosos que parezcan, es tremendamente injusto y constituye una visión sesgada e interesada de la realidad, con el único objeto de lograr impactar más a la audiencia.
2.- Los funcionarios judiciales soportamos cargas de trabajo que exceden de lo razonable, estando permanentemente sometidos en el cumplimiento de nuestra jornada laboral a las necesidades del servicio, lo que lleva a que la finalización de las jornadas de trabajo se prolonguen, en no pocas ocasiones, más horas de las que son de obligado cumplimiento. Sólo hay que ver las noticias sobre celebración de juicios durante días, en jornadas de mañana y tarde, o las actuaciones de los Juzgados de guardia, a cualquier hora del día o de la noche. Actuaciones en las que, aunque no se diga, intervienen los funcionarios de Justicia todos los días.
3.- Que lo que es evidente es que la Administración sigue funcionando, y con ella todos los servicios públicos que la misma presta, incluso en periodos transitorios en los que no hay gobierno -a las pruebas nos remitimos-, gracias al trabajo diario de miles de funcionarios públicos que, a cambio de salarios muy escasos (es falso que la media de los funcionarios sea de 2.500 euros), se dejan la piel y en muchos casos la salud con medios insuficientes, sistemas informáticos obsoletos o deficientes, sin incentivos, y soportando con enorme frecuencia las protestas de los ciudadanos por la lentitud de los servicios que provoca escasez de medios, y los insultos propiciados por informaciones que, como esta, siembran injustamente la duda sobre la profesionalidad de todos los funcionarios públicos.
