- La negativa de los Grupos parlamentarios a tramitar la proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil, presentada por el Partido Popular en el Congreso, ha generado una situación de absoluta incertidumbre para los casi 5.000 funcionarios de Justicia que actualmente ocupan puestos de trabajo con funciones de Registro Civil
Desde STAJ seguimos
sin comprender por qué los Grupos políticos se han negado a debatir la
Proposición, sin siquiera aportar una sola enmienda al texto inicial presentado
por el Gobierno a través del Partido Popular; texto que, aunque manifiestamente
mejorable, rectificaba las peligrosas previsiones de la Ley de 2011 que,
conviene recordarlo, prevé la creación unas pocas nuevas Oficinas de Registro
Civil en cada Comunidad Autónoma, pero cerrando todos los Registros Civiles
actuales eliminando miles de puestos de trabajo en los Juzgados encargados de
su llevanza. Ese texto que, como decimos, era manifiestamente mejorable, podría
haberse enriquecido con las aportaciones del resto de Grupos mediante la
presentación de enmiendas, pero nuestros representantes políticos han
renunciado a ello impidiendo la tramitación parlamentaria de la proposición de
Ley.
Lamentamos que las
disputas y estrategias políticas de cara a futuros procesos electorales hayan
provocado una situación de bloqueo intolerable y por eso STAJ, en unidad de
acción con el resto de organizaciones sindicales representativas de Justicia,
exigirá a Ministerio y Partidos Políticos que busquen una solución pactada que
además de modernizar el Registro Civil, lo mantenga como servicio público
gratuito y cercano a la ciudadanía, integrado en la Administración de Justicia,
manteniendo su demarcación y estructura actuales y los Juzgados de Paz y, por
tanto, con todo el personal que actualmente ostenta funciones registrales.
Los cuatro
sindicatos también recabaremos nuevamente el apoyo de la Federación Española de
Municipios y Provincias, pues entendemos precisa su implicación dado que los
municipios, especialmente los de menos población -que son mayoría-, se verán
seriamente afectados por la Ley de 2011, si no se rectifica.,