Los presupuestos para políticas de Justicia para 2018 ascienden a 1.781 millones de euros, lo que supone un 3,2 % más que el año anterior aunque este incremento representa menos de la mitad que en 2017, cuando las cuentas aumentaron un 7,6 %.
Así figura en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que
hoy ha presentado en el Congreso de los Diputados el ministro de
Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
La dotación de 1.781 millones de euros permitirá, entre otros objetivos, crear 300 nuevas plazas de jueces y fiscales -que
se suman a las más de 3.000 plazas de funcionarios de la Administración
de Justicia que previsiblemente se convocarán a lo largo de este año-,
y destinar una mayor cantidad a la justicia gratuita que crece un 33 %,
con especial atención a las víctimas de violencia de género.
Sin embargo, la apuesta de Justicia por la transformación digital del
sector se reduce de los 150 millones de euros de 2017 a los 132 millones
proyectados para este año (18 millones menos).
Del dinero presupuestado para políticas de Justicia, 1.723 van para el
Ministerio y 58 para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo
que implica un incremento respecto del 3,3 %.
Una vez más, los gastos de personal son el grueso del presupuesto -1.389
millones de euros- mientras que para el gasto social se destinan 50
millones y para garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita
49 millones, 12 más que el pasado año, lo que representan un aumento del
33 %.
Esta última partida, incluye seis millones de euros para asistencia
jurídica gratuita especializada para atender a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual, así como las víctimas de la
violencia de género.
En cuanto a la modernización tecnológica de la Justicia, este año la dotación será de 132 millones, 18 millones menos que en 2017; mientras que los créditos asignados a equipamiento e infraestructuras alcanza los 51 millones, el doble que el pasado año.
