El Pleno del Congreso de los
Diputados ha aprobado definitivamente el jueves 28 de junio el proyecto de ley
de Presupuestos del 2018, después de las enmiendas introducidas en el Senado.
Tras la publicación de los
Presupuestos en el Boletín Oficial del Estado, suponemos que se hará en breve,
es cuando se hará efectiva la pírrica subida salarial del 1,75% de los sueldos
de los funcionarios, para el año 2018, con carácter retroactivo desde el mes de
enero. El carácter retroactivo desde el mes de enero se aplica a un incremento
del 1.5%, mientras que el 0.25% restante, se paga a partir del mes de julio.
Por lo tanto nos deben una pequeña cantidad en concepto de atrasos.
El incremento de las pensiones,
para los compañeros jubilados, será del 1,6% con carácter general y hasta el 3%
para las pensiones más bajas.
Es de suponer que la subida se
aplicará en la primera nómina abierta después de la publicación de los
Presupuestos en el BOE. De momento desconocemos si será en el mes de julio, o
será en agosto.
Esta subida es la aplicación del
Acuerdo de 9 de marzo, que se firmó entre el Ejecutivo anterior y los
sindicatos csif, ugt y ccoo, para el incremento retributivo del personal al
servicio del Sector público a desarrollar en un período de 3 años, en los años
2018, 2019 y 2020.
Para el año 2018, como se ha
señalado, el incremento será del 1,75%. Es una subida muy escasa, que puede
quedar incluso por debajo de la carestía de la vida; en este sentido el Índice
de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,3% en junio en relación al mes
anterior y elevó dos décimas su tasa interanual, hasta el 2,3%, su nivel más
alto desde abril de 2017 (2,6%), según el indicador adelantado publicado por el
Instituto Nacional de Estadística el mismo jueves que se aprobaron los
Presupuestos. Por lo tanto, con esta subida estamos perdiendo otra vez poder
adquisitivo. Debemos de ser conscientes de que “por la buenas” da la sensación
de que no se puede conseguir nada más, y si queremos más, y mejorar nuestros
salarios o al menos recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años,
debemos plantearnos ir a un conflicto laboral.
Para los años 2018, 2019 y 2020
se prevé, además, un incremento del 0,2 %, un 0,25 % y un 0,25 %
respectivamente de la masa salarial en fondos adicionales. La cuantía de estos
fondos adicionales aún se desconoce, siendo más bien escasa.
Estos fondos adicionales irían
destinados, previa negociación colectiva en la Mesa Sectorial de Justicia, a
entre otras medidas a: la implantación de planes o mejora de la productividad,
la revisión del complemento específico (recuerden que en ámbito Ministerio el
complemento específico es el más bajo de todos, existiendo una discriminación
con respecto a los compañeros transferidos), o del complemento de destino, o
aportaciones al fondo de pensiones (recuerden que los funcionarios de Justicia
de ámbito Ministerio tenemos un plan de pensiones conjunto, en el que el
empleador aporta una cantidad anual, si bien es cierto que desde el año 2011 no
viene aportando nada).
Aunque no se recoge en los
Presupuestos Generales del Estado, por ser materia de negociación en la Mesa
Sectorial de Justicia, hay que recordar que hay otras cuestiones pendientes que
afectan a la mejora de empleo público y condiciones laborales; por ejemplo,
además de la cuantía y destino de los fondos adicionales, está pendiente el
suprimir los descuentos por baja médica, o al menos ampliar los supuestos
excluidos de descuento, cuestiones que se han de tratar en la Mesa Sectorial de
Justicia.
El hecho de que haya habido
cambio de Ejecutivo, y el nuevo equipo ministerial aún esté en fase de tomar
posesión y conocer cuáles son los asuntos a tratar, ha retrasado todo.
