- En el BOE de hoy 12 de junio se publica en el BOE la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, en cuya Disposición Final primera se incluye la modificación de la vacatio legis de la Ley del Registro Civil, en aquellas disposiciones que aún no han entrado en vigor.
- En el articulado se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la parte relativa al juicio verbal en materia de interdicto para recobrar la posesión y artículos relacionados.
Texto disposición Final Primera:
Disposición final primera.
Se modifica la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que pasará a tener la siguiente redacción:
«Disposición final décima. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el 30 de junio de 2020, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66, 67.3 y disposición adicional novena, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.
Hasta la completa entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles.»
Desde STAJ, seguiremos trabajando para que la Ley del Registro Civil sea modificada antes de su definitiva entrada en vigor, para que el Registro Civil permanezca como un servicio más de la Administración de Justicia, servido entera y exclusivamente por funcionarios de la Administración de Justicia, con mantenimiento de la estructura y demarcación actuales, incluidos los Juzgados de Paz, con plenas competencias registrales.
