La Carrera Profesional es un nuevo complemento salarial en la que
se retribuye todos o algunos de los aspectos que se consideran relevantes para
la correspondiente profesión, grupo, cuerpo o categoría profesional. Entre
estos aspectos relevantes se encuentran la experiencia, la formación, los
conocimientos, la investigación, la docencia, etc.
La Carrera Profesional en la Administración de Justicia NO está
instaurada como tal, a día de hoy, en ninguna parte del Estado, pues la
LOPJ, que es la Ley que regula nuestras retribuciones, no recogía este nuevo
complemento hasta la reciente reforma de 28 de diciembre de 2018, hace algo más
de cuatro meses. Fue precisamente durante la lucha que mantuvo STAJ, cuando se logró parar la reforma
tan lesiva de los “centros de destino”, en el Congreso y en el Senado, y además
se consiguió introducir en la LOPJ la carrera profesional como un nuevo
complemento retributivo.
Y a partir de esta reforma es
cuando se puede establecer la Carrera Profesional en la Administración de
Justicia, antes de esta reforma era imposible porque ese complemento no
existía.
La reforma de la LOPJ que se
publicó en el BOE el pasado 29 de diciembre y que entró en vigor en este punto
el 18 de enero de 2019, añade un apartado 3 al artículo 519, en el sentido de
establecer el complemento de la carrera profesional, y dispone literalmente:
3. Mediante Real Decreto, previa negociación con las organizaciones
sindicales, se establecerán los criterios, requisitos y las cuantías iniciales
del complemento de carrera profesional que será igual para todos los cuerpos
con independencia de dónde presten sus servicios.
De esta reforma podemos extraer
varias cosas:
- Debe ser el Gobierno del Estado el que por Real Decreto desarrolle lo establecido en la LOPJ, NO las Comunidades Autónomas.
- Debe ser una negociación previa con las organizaciones sindicales, en este caso al ser la Mesa Sectorial del Ministerio de Justicia en Madrid, los sindicatos deben ser representativos a nivel nacional.
- En ese Real Decreto se regulará para todo el Estado los criterios comunes, los requisitos idénticos y las cuantías iniciales iguales para todos, con independencia del territorio donde se prestan los servicios.
Esta es una de las reivindicaciones que STAJ exigirá al Ministro/a de
Justicia, una vez se haya formado el nuevo Gobierno, junto con la exigencia
principal para el ámbito no transferido, de la equiparación del complemento
específico, la implantación del complemento para los juzgados de violencia
sobre la mujer y el mantenimiento del Registro Civil en la Administración de
Justicia.
