El Ministerio de Justicia ha dictado hoy una resolución en la que se establecen nuevas directrices para el cumplimiento de los servicios esenciales en los juzgados y tribunales durante la vigencia del estado de alarma para la contención del COVID-1.
Entre otras cosas, equipara la dotación de los diferentes juzgados a la de cada una de las Unidades Procesales de Apoyo Directo, a pesar de contar estas últimas con una dotación inferior.
También establece que los servicios
esenciales se harán de forma rotatoria en turnos diarios quedando excluidas aquellas
personas que padezcan patologías que sean susceptibles de agravarse por el
contagio del COVID-19:
- Diabetes
- Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión)
- Enfermedad hepática crónica
- Enfermedad pulmonar crónica
- Enfermedad renal crónica
- Enfermedad neurológica o neuromuscular crónica
- Inmunodeficiencia,
- Embarazo
- Posparto (inferior a 6 semanas)
- Cáncer.
- Mayores de 60 años * Si bien esta condición no aparece en la resolución, sí se menciona en la nota informativa publicada por el Ministerio en su página Web.
Así mismo quedarán excluidos
aquellos funcionarios que se encuentren en la situación de deber inexcusable
para la atención de menores o mayores que estén bajo su dependencia.
Desde STAJ seguimos insistiendo en que son absolutamente
desproporcionados y desprotegen a los trabajadores de la Administración
de Justicia frente a la amenaza de la enfermedad, y con la situación de
emergencia existente con el estado de alarma decretado, por lo que
seguiremos insistiendo en su modificación. En este sentido, el domingo
15 de marzo STAJ presentó escrito ante
el Ministerio de Justicia solicitando la reducción de los servicios
esenciales, algo que en la reunión celebrada en la tarde de hoy hemos
vuelto a solicitar. El Secretario General ha tomado nota de nuestra
petición y nos contestará en otra reunión prevista para el viernes.
Reclamamos que se tenga la máxima flexibilidad, con las mínimas personas presenciales, coordinando con sustitutos para, en caso de necesidad, que no falle el servicio público de justicia.
Reclamamos que se tenga la máxima flexibilidad, con las mínimas personas presenciales, coordinando con sustitutos para, en caso de necesidad, que no falle el servicio público de justicia.
