- STAJ SOLICITÓ AL MINISTERIO QUE SE EMPEZASE LA ACTIVIDAD GRADUAL POR LOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA Y AQUELLOS QUE PUDIERAN FAVORECER A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de
Justicia, en sus alegaciones a la Resolución del Ministerio de Justicia,
por la que se daba carta blanca a la normalización de la actividad
judicial, pese al mantenimiento del Estado de Alarma
y orden de confinamiento, si bien de forma gradual, instaba al
Ministerio para que no se dejase a la "ponderación de abogados y
procuradores la presentación de escritos", debiendo establecer el
Gobierno los criterios para la paulatina vuelta a la normalidad,
de modo que la tramitación, entrada y registro de asuntos quedara bajo
el control del Gobierno, empezando por mantener en suspenso aquellos
procedimientos que pudieran ahondar en el agravamiento de situaciones
económicas precarias, y priorizar los procedimientos
relativos a Familia o aquellos que pudieran derivar beneficios a los
sectores de la población más vulnerables en la presente crisis.
Una vez abierta la posibilidad de la tramitación y
registro de la presentación de escritos ante la Administración de
Justicia, la falta de adopción de estos criterios, ha puesto de
manifiesto lo advertido por STAJ, pudiéndose constatar que más
del 80 % de los escritos que se han presentado en varios juzgados consultados lo han sido en
ejecuciones hipotecarias (un 45%) o ejecuciones dinerarias (un 35%),
procedimientos en los que la parte ejecutante son bancos o entidades
financieras, es decir, procedimientos en los que se persiguen
bienes de personas que, por regla general, están pasando por momentos
difíciles económicamente y que, a buen seguro, tras la declaración de
estado de alarma y paralización de muchos sectores de la producción, su
situación se habrá agravado. De hecho, el escrito
estrella está siendo la solicitud de embargo de la devolución de
Hacienda, esa devolución que las familias esperan en estas fechas, y
maxime este año, como agua de mayo.
Con ello, el Gobierno, a través del Ministerio de
Justicia, ha tomado en consideración las reivindicaciones de las cúpulas
colegiales de la Abogacía y la Procuraduría para acelerar la
reanudación de la actividad de esta Administración, pero
en materias que, en plena crisis sanitaria, en poco o en nada ayudan a
la ciudadanía y que de ningún modo son esenciales para la vida de la
mayoría de los ciudadanos en estos momentos.
La reactivación de la actividad judicial sin establecer
límites a la presentación de escritos y demandas supondrá, además, el
agravamiento de la situación de atasco en la tramitación procesal e
impedirá que, a medio plazo, puedan destinarse
los recursos humanos a la atención de otros procedimientos judiciales
que sí podrían contribuir a la protección de colectivos que hayan sido
especialmente castigados por la crisis, como son los trabajadores
asalariados, los autónomos y las pequeñas y medianas
empresas, todo ello por la falta de previsión y criterios sociales para
el restablecimiento gradual de la actividad de la Administración de
Justicia.
Por todo ello, STAJ critica que la incorporación
paulatina de los funcionarios y consiguiente exposición al contagio del
coronavirus a la que se enfrentan, ya que las medidas de protección
llegan tarde y escasamente a las sedes judiciales, se
realiza sin atender a criterios de necesidad sino de satisfacción a
determinados sectores y colectivos, para los que estos trabajadores
están exponiendo su salud y la de sus familiares.
