Estimado Sr. Reynders:
Por el presente los sindicatos Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Sindicato de Trabajadores de la Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), sindicatos más representativos y mayoría sindical en la mesa de negociación del Ministerio de Justicia en España, ponemos en su conocimiento la grave situación en la que se encuentra la Administración de Justicia en España a las puertas de la asunción por parte de nuestro Gobierno de la Presidencia de turno del Consejo europeo.
Más allá de los discursos grandilocuentes, de las palabras pomposas y de los anuncios de proyectos “innovadores” que, a buen seguro, escucharemos de la Ministra de Justicia y otros miembros del Gobierno de España con motivo de este importante acontecimiento, la realidad es que la pésima gestión y la falta absoluta de voluntad de negociación del Gobierno está agravando la situación del servicio público de Justicia en España.
En estos momentos, y desde hace dos meses, está abierto un conflicto laboral con una huelga general que ha provocado que más de 20 millones de actuaciones procesales estén paralizadas y que cerca de 2 millones de juicios estén suspendidos y aplazados por varios meses e incluso años. Una situación que afecta a millones de ciudadanos y empresas en nuestro país como denuncian los colegios de abogados y procuradores o los propios Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en estos días.
Los cuatro sindicatos, ahora constituidos como comité de huelga, pero también como funcionarios públicos, lamentamos esta situación, pero créanos cuando le decimos que el Gobierno de España no nos ha dejado otra salida.
En primer lugar, los grandes proyectos de reforma de la Justicia que incorporan las denominadas leyes de eficiencia, que cuentan con financiación europea del Plan de recuperación y resiliencia, no han sido sometidos a los procesos de participación y negociación colectiva establecidos en la normativa vigente conforme se establecen el derecho europeo (arts. 27 y 28 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, principios 21 y 22 y artículo 6 de la Carta Social Europea) a pesar de que afectan directamente a condiciones esenciales de trabajo, de la obligación legal conforme a la normativa vigente de negociar y al compromiso adquirido por escrito el 15 de diciembre de 2021 por el Gobierno de España, y publicado en el diario oficial (BOE), del 20 de diciembre de 2021, de negociar su contenido.
Todo ello sin olvidar la relación existente entre el principio octavo del Pilar Europeo de Derechos Sociales que plantea la necesidad de incorporar y reforzar el diálogo social y la participación de los trabajadores en materias que les afectan y el objetivo de conseguir una transición digital justa establecido en el Plan de recuperación y resiliencia para Europa cuyos fondos financian los proyectos del Ministerio antes mencionados.
En segundo lugar, la actual huelga indefinida estaba ya anunciada desde hace tiempo. El 28 de marzo de este año, el Gobierno, decidió poner fin a una huelga de Letrados de la Administración de Justicia. Tras dos meses de huelga, el Gobierno se sentó a negociar y firmó un acuerdo de subida salarial para los Letrados de la Administración de Justicia por importe de entre 430 a 450 euros al mes. Es importante resaltar que fue la Secretaría de Estado de Función Pública dependiente del Ministerio de Hacienda y no el Ministerio de Justicia quien firmó este acuerdo en nombre del Gobierno.
Desde antes de la firma de ese acuerdo, pero con mucho más motivo, tras la firma de ese acuerdo, nadie dudaba de que pronto aparecerían reivindicaciones parecidas del resto del personal de los Juzgados, Cuerpos de funcionarios generales y especiales, Jueces y Fiscales.
Es más, muchos nos preguntábamos por el motivo por el que el Gobierno no abordaba la situación con una solución global y negociando a varias bandas sabiendo que se iban a producir reclamaciones sucesivas en el resto del personal de los Juzgados.
El 30 de marzo, ante la oposición del Gobierno a iniciar un proceso de negociación que pudiera finalizar en un acuerdo de subida salarial similar al de los Letrados, las organizaciones sindicales del sector nos vimos obligadas a plantear un conflicto colectivo que se inició el 17 de abril.
Posteriormente, los Jueces y los Fiscales, siguieron el mismo camino anunciando una posible huelga para el 30 de mayo si no se atendían sus reivindicaciones salariales y laborales. Días más tarde, adelantaron al 16 de ese mismo mes para incrementar la presión.
Sorprendentemente, el Ministerio de Justicia decidió atender, primero, las reivindicaciones de Jueces y Fiscales y, tras una rápida negociación, firmó un acuerdo similar en cantidades y motivos (la reforma judicial antes mencionada) al de los Letrados de la Administración de Justicia, evitando la anunciada huelga.
Mientras tanto, el Gobierno se ha mantenido indiferente al conflicto planteado por el resto del personal de los Juzgados que cumple hoy dos meses y medio con mes y medio de huelga general indefinida. En alguna ocasión, el Ministerio anunciaba que se iba a sentar a negociar con nosotros en una fecha próxima, pero nunca lo ha hecho. Posponía nuestra negociación supeditándola a cualquier excusa. En definitiva, se negaba a abordar el conflicto, a intentar evitar la continuación de la huelga como sí hizo con los Letrados, los Jueces y Fiscales, estos últimos sin tener que estar ni un solo día de huelga.
Como máxima expresión de esta negativa a negociar, el pasado 6 de junio, el Secretario de Estado de Justicia abandonó la mesa de negociación sin ofrecer ninguna propuesta concreta de negociación.
Los miembros del comité de huelga presentes en la sala decidieron permanecer en la misma indefinidamente reclamando al Gobierno que nombrara a otro interlocutor para continuar con la negociación. Esta situación se mantuvo hasta que, desde el Ministerio, se dio orden de no facilitar comida a los integrantes del comité de huelga, restringiendo su movilidad y poniéndoles bajo vigilancia. Esta situación provocó problemas de salud en alguna de estas personas recluidas en el Ministerio de Justicia que tuvo que ser evacuada por los servicios de salud y, finalmente, obligó a salir al resto de miembros del comité tres días después, el viernes 8 de junio ante la tesitura de pasar un fin de semana sin comida en la sede del Ministerio cerrada al exterior.
En tercer lugar, nuestras reivindicaciones se insertan claramente en una propuesta de mejora de la Administración de Justicia y se expresan en la voluntad de los funcionarios de Justicia de dar un paso al frente y asumir responsabilidades y funciones que, si bien se están realizando ya en su mayoría, no están reconocidas ni legal ni retributivamente.
Sr. Reynders, el problema de la Justicia en España no es sólo si se ponen de acuerdo los políticos en renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ni siquiera ese es el principal problema por mucho que se empeñen quienes se acusan recíprocamente de no querer renovar ese órgano constitucional porque, en el fondo, parece que no quieren ponerse de acuerdo.
El problema que afrontamos quienes trabajamos en la Administración de Justicia y que sufren y padecen millones de ciudadanos es la falta de medios personales, materiales, informáticos y organizativos suficientes y adecuados.
Las cuatro organizaciones sindicales que formamos el comité de huelga compartimos con el resto de operadores jurídicos y el propio Gobierno la necesidad de transformación y modernización de nuestra Administración de Justicia, pero siempre hemos creído y, en consecuencia, exigido que, en ese proceso, los trabajadores de la Justicia deben jugar un papel principal en el diseño e implantación de los nuevos modelos de Justicia.
En este sentido, conscientes de que el nuevo modelo de Justicia tanto organizativo como digital exige también una adaptación y transformación orgánica y funcional de los Cuerpos de funcionarios de Justicia, siempre hemos apostado por la puesta en valor y el aprovechamiento de las capacidades, conocimiento y experiencia del todo el personal afectado y es aquí donde radica la justificación de nuestra reivindicación salarial y no sólo, como se ha hecho en los acuerdos con Letrados, Jueces y Fiscales, una justificación ligada a la aprobación, hoy incierta por la convocatoria electoral en España,
de las leyes de eficiencia mencionadas al principio de esta carta.
La realidad del funcionamiento de las oficinas judiciales en nuestro país se ve lastrada por la existencia de demasiados cuellos de botella que ralentizan la tramitación de procedimientos judiciales lo que provoca en una delegación tácita de funciones hacia el personal de los Juzgados, que ahora están en huelga, por encima de las que legalmente tienen reconocidas y sin que exista retribución alguna por las mismas.
Sin esas delegaciones tácitas y la buena voluntad del personal en quien se delega, la Justicia en nuestro país estaría completamente atascada y sería no lenta, inexistente. Lo que pedimos es que, de una vez por todas, se reconozca legal y retributivamente estas funciones y otras que se puedan asumir en el proceso de transformación de la Justicia en beneficio de una Justicia más ágil y de un servicio público de calidad que permita una efectiva tutela judicial efectiva de las pretensiones y derechos de los ciudadanos.
Para terminar Sr. Reynders, convencidos como estamos de la necesidad de buscar una solución negociada a este conflicto, el pasado 29 de junio planteamos al Gobierno el sometimiento de la cuestión a un proceso de mediación como expresión de nuestra voluntad de negociación y de nuestra intención de empezar a recuperar la normalidad.
Lamentablemente, el Gobierno no ha respondido a esta propuesta de mediación a pesar de que está obligado a aceptarla, conforme a la normativa nacional vigente. (art. 45.3 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre
Creemos que el personal de Justicia al que representamos ni los ciudadanos no merecen el desprecio por la negociación colectiva que muestra este Gobierno ni la indiferencia con la actúa al pretender que no existe el conflicto ni reaccionar ante las quejas y denuncias crecientes en número e intensidad de profesionales y ciudadanos en general ni la humillación que supone escuchar declaraciones en favor de los derechos fundamentales, del diálogo y de la disposición a negociar de miembros del Gobierno mientras sigue sin presentar contrapropuesta alguna a las reivindicaciones que el Comité de huelga le planteó el pasado 14 de abril.
Esta actitud del Gobierno de España no es propia de un gobierno democrático y son contrarias a los valores y a los objetivos de la Unión Europea reflejados en los Tratados de los que nuestro país es parte.
Por todo lo anterior, solicitamos que se interese por esta situación y reclame al Gobierno de España que se acceda, a la mayor brevedad, a negociar una solución pactada que pueda poner fin a este conflicto, restituyendo la normalidad en la actividad judicial tan pronto como sea posible.
Quedamos a su disposición por si precisa de aclaración o información suplementaria.
Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo.
