La situación en los Tribunales de Instancia de la provincia de Burgos continúa deteriorándose día tras día, lejos de mejorar con la entrada en vigor de la denominada Ley de Eficiencia
Una ley que fue presentada como una gran modernización
de la Justicia en los ámbitos organizativo, procesal y digital está generando,
en la práctica, numerosos problemas en el funcionamiento diario de los órganos
judiciales.
Desde el primer momento advertimos que una reforma
de esta magnitud no podía implantarse sin una inversión suficiente en medios
humanos, tecnológicos y materiales. Sin embargo, la realidad es que los cambios
se han puesto en marcha sin la preparación necesaria y con importantes
carencias.
El personal de la Administración de Justicia
trabaja diariamente en unas condiciones cada vez más complicadas: falta de
efectivos, incidencias informáticas constantes, desorganización en los
servicios y una presión creciente derivada de la nueva estructura implantada.
A ello se suma la implantación apresurada de
Atenea, el nuevo sistema de gestión procesal, que está generando numerosas
dificultades en el trabajo diario debido a problemas de funcionamiento,
lentitud y errores que dificultan enormemente la tramitación de procedimientos.
Pese a las advertencias realizadas y a las
incidencias comunicadas reiteradamente, la respuesta sigue siendo insuficiente.
Muchas averías y fallos técnicos tardan demasiado tiempo en resolverse,
provocando retrasos y paralizaciones continuas.
Las consecuencias no solo afectan a los
funcionarios. También los profesionales encuentran dificultades para acceder y
localizar procedimientos, sufriendo retrasos en señalamientos, tramitaciones y
ejecuciones.
Y, por supuesto, quienes terminan padeciendo esta
situación son los ciudadanos, que se encuentran con una Justicia cada vez más
lenta, confusa y saturada.
Desde STAJ consideramos que esta situación no
puede prolongarse más tiempo. Resulta imprescindible que el Ministerio adopte
medidas reales y urgentes, dotando a la Administración de Justicia de los
recursos personales, tecnológicos y formativos necesarios para garantizar un
servicio público digno y eficaz.
