NOTA DE PRENSA DE STAJ:
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero que establece una nueva
estructura del servicio público de Justicia, la pretendida reforma de la Administración de
Justicia, una vez implantada, ha comenzado su andadura en su tercera fase desde mediados de
2025 en la primera semana de este mes de enero, en la que se incluyen todas las capitales de
provincia y algunas poblaciones grandes, tras una primera y segunda fases en ciudades y
municipios con menor número de órganos judiciales.
Reforma con la que el Ministro del ramo, Sr. Bolaños, pretendía sacar la Administración de
Justicia del continúo atasco e ineficacia, pero nada más lejos de la realidad, lo que está
suponiendo es el mayor caos, en años, de una Administración Pública y todo ello debido a la
improvisación y al desconocimiento absoluto de lo que es esta Administración, donde se ha
hecho oídos sordos a las advertencias, que desde el Sindicato de Trabajadores de la
Administración de Justicia, junto a los trabajadores, se venían realizando,
incluso en muchas ocasiones menospreciándolos, en una demostración más del auténtico
desconocimiento que se tiene desde las cúpulas de esta Administración.
Tras múltiples conferencias sectoriales entre el Ministerio de Justicia y todas las CCAA, nadie
puso freno al pretendido sinsentido de la implantación de los Tribunales de Instancia sin una
planificación y preparación suficiente de todos los implicados ante tamaña transformación, y
así, en lo que llevamos de año, la desesperación de los trabajadores y las trabajadoras para
poder prestar el servicio público es enorme, como gigantesca la falta de personal pendiente de
ser nombrado, llegando a situaciones dantescas de alguna Comunidad Autónoma, que
pretende no solo no cubrir los puestos vacíos o retardarlo, algo que debería ser impensable,
sino que además pretende prescindir de más funcionarios, vulnerando con ello
los acuerdos alcanzados con el propio Ministerio de Justicia, de no amortización de plaza
alguna, y otros que obligaban a una estructura de las Relaciones de Puestos de trabajo que
establecía un mejor reparto y distribución de la carga de trabajo, entre otras garantías para el
personal funcionario y el propio servicio público.
STAJ viene denunciando el atropello al colectivo mayoritario de esta Administración con 49.000
funcionarios y funcionarias que no solo se han encontrado con que no se fomenta la
especialización al negarse a crear los necesarios equipos orgánicos en las Relaciones de Puestos
de trabajo, algo que debería ser vital en una Administración con jurisdicciones y materias tan diversas, sino que además no hay organización, no ha existido preparativo alguno en la mayoría
de los ámbitos, todo es improvisación, y algunos de los protocolos aprobados para el reparto
del trabajo se han demostrado ineficaces. En una Administración donde todavía en muchos
sitios se trabaja en formato papel, se debería haber venido realizando con antelación, como se
venía pidiendo desde STAJ, la digitalización de toda la documentación, y la prohibición del uso
de papel, salvo excepciones justificadas, por todos los implicados, incluidos jueces, con el fin de
que cuando llegara este proceso no fuera el caos que actualmente se está dando, donde hay
que mover montones de cajas con procedimientos en papel y donde muchos funcionarios, los cambian de sitio constantemente, no saben dónde se tienen que sentar en la
nueva estructura y cuáles son sus procedimientos, en qué estado se encuentran o
simplemente no tienen ordenador asignado.
Si uno se da una vuelta estos días por alguno de los partidos judiciales de los distintos ámbitos
de la geografía española, en la mayoría solo encontrará caos y desorganización y en algunos
ámbitos cajas con procedimientos en papel por todas partes, incluso por el suelo, funcionarios que intentan saber qué es lo que tienen que tramitar, cuál es el trabajo que se les
asigna pues su cometido ha cambiado, ordenadores desconectados y esperando a que los
cambien de sitio porque el funcionario aún no sabe dónde se va a sentar,
impresoras desconectadas que no se pueden usar y en general funcionarios por
todas partes que no pueden realizar su trabajo porque o no tienen medios informáticos para
realizarlos o no se pueden sentar aún en su nuevo puesto o simplemente no se han llevado los
procedimientos a dónde va el trabajador.
La imposibilidad de prestar el servicio y el desbarajuste reinante están perjudicando de manera
directa a funcionarios y ciudadanos, pese a que STAJ continúa reclamando la inversión
necesaria en medios y en personal, muy escaso tras la puesta en marcha de estos Tribunales
que lejos de necesitar menos personal para funcionar, necesitan más manos para poder
atender a las necesidades de los ciudadanos en esta materia.
Y a todo esto nadie está teniendo en cuenta, salvo el personal funcionario de la Administración
de Justicia española, que son los que tendrán que solucionar finalmente el caos que han
organizado, que la acumulación que se está produciendo afectará de manera directa a los
tiempos de solución de conflictos de los ciudadanos que acuden cada día a los Tribunales
españoles.
STAJ continúa recordando al Ministerio de Justicia que por muchos Jueces que se pretenda
nombrar, si no se ponen funcionarios que tramiten y ejecuten lo que deciden, la
nueva estructura judicial no sirve para solucionar el problema de ineficacia de la Justicia, por lo
que STAJ sigue reclamando la inversión necesaria en personal en todos los ámbitos de la
Administración de Justicia española y los medios técnicos necesarios para poder hacer frente a
la actual situación, exigiendo las modificaciones necesarias en los protocolos y en las propias Relaciones de Puestos de Trabajo, para que se vuelva a una especialización en los destinos de
los funcionarios y funcionarias en las distintas materias y el reconocimiento al esfuerzo que
desde el colectivo se está realizando para poner soluciones en el caos reinante.
