Una vez más, los sistemas informáticos de casi todo el territorio ministerio han vuelto a caerse, impidiendo el normal funcionamiento de las oficinas judiciales, y ello al día siguiente de la comparecencia de la Secretaria de Estado de Justicia en el Parlamento, que ha manifestado que “la transformación digital del sistema de Justicia es otro de los
objetivos en los que el Ministerio de Justicia tiene puesto su máximo empeño
para conseguir una implantación total de la Justicia digital en esta
legislatura, un sistema de gestión procesal común y compartido, nuevos
servicios a los ciudadanos durante las 24 horas del día y un nuevo modelo de
Registro Civil público, gratuito y electrónico. Para ello, la inversión total
alcanzará los 182,6 millones de euros, lo que supone un incremento de 85
millones en relación con el año anterior (86,5%)”.
Lamentablemente, estas palabras
nos suenan a canto de sirenas y tomadura de pelo, pues los problemas de la
“Justicia digital” se repiten día tras día y el Ministerio no los reconoce. Las
caídas del sistema se producen con regularidad semanal, por no hablar del gran
número de incidencias puntuales con los diferentes programas que se producen
diariamente.
El Ministerio de Justicia debe hacer una evaluación urgente que detecte lo que está fallando y dedique los recursos necesarios para solucionarlo sin más dilaciones.
Los trabajadores de la Administración de Justicia no podemos seguir soportando esta situación, fruto de la incompetencia y falta de previsión de los responsables ministeriales.
