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jueves, 22 de junio de 2017

MESA SECTORIAL: STAJ EXIGE MAYORES GARANTÍAS PARA EL REGISTRO CIVIL


Este miércoles se ha debatido en la mesa sectorial la propuesta de Acuerdo presentada por el Ministerio de Justicia a los sindicatos representativos (STAJ, CCOO, CSIF, UGT y los autonómicos ELA y CIG). Como hemos informado estos días, la propuesta desarrolla muy brevemente los siguientes puntos:
  • Registro civil único, público y gratuito, llevado íntegramente por funcionarios de Justicia.
  • Registro Civil electrónico, basado en el folio único personal.
  • Registro Civil integrado en la Administración de Justicia, velando por el mantenimiento de la estructura actual y las funciones delegadas de los Juzgados de Paz.
  • Registro civil desjudicializado y servido por personal al servicio de la Administración de Justicia en activo, con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados.
  • Compromiso del Ministerio de Justicia a presentar en las Cortes Generales proyecto de ley de reforma de la ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil que deberá asentarse en los ejes anteriores.
Desde STAJ consideramos y así lo hemos defendido en la Mesa que el contenido de la propuesta de Acuerdo es insuficiente y de mantenerse en esos términos no garantiza las reivindicaciones que venimos manteniendo desde el año 2011, contra una ley que nunca nos gustó por lo que suponía de desmantelamiento total del Registro Civil sacándolo de la Administración de Justicia, con pérdida de miles de puestos de trabajo.

Por ello, STAJ ha defendido ante la mesa las alegaciones que hemos presentado en el mismo acto por escrito, y que, en resumen, recogen las siguientes reivindicaciones mínimas (puedes consultar nuestras alegaciones en nuestras páginas Web):
  • Respecto a la gratuidad del RC, que se impulsen medidas que faciliten el acceso al Registro Civil sin intermediarios, incluidos por los medios telemáticos que se establezcan.
  • En cuanto a la estructura de las oficinas del Registro Civil, no nos basta con “velar” por el mantenimiento actual, sino que debe garantizarse inequívocamente el mantenimiento de la estructura y demarcación actuales, con una oficina de Registro Civil en cada partido judicial y en los Juzgados de Paz, con competencias plenas, incluido el expediente previo al matrimonio civil.
  • Las competencias de las Comunidades Autónomas deben enmarcarse dentro de las asumidas en materia de Administración de Justicia.
  • Garantía de mantenimiento de todos los puestos de trabajo asignados actualmente a RC, así como su diferenciación en las futuras RPTs de las Oficinas Judiciales. Los puestos de trabajo de los Registros Civiles se cubrirán exclusivamente por funcionarios de Justicia
  • Reconocimiento de las funciones registrales de todos los Cuerpos, y posibilidad de que los Gestores asuman la función de Encargado en aquellos Registros donde así se establezca, y en todo caso en los Juzgados de Paz y Agrupaciones. Y en las Oficinas en las que el LAJ sea Encargado, el Gestor debe asumir las competencias que actualmente asumen los LAJ, según la Ley de 1957. Es decir, el LAJ Encargado, asistido de un funcionario del Cuerpo de Gestión. (Actualmente el Juez Encargado actúa asistido del LAJ)
  • Garantía de un Registro Civil con competencias plenas y exclusivas, de modo que todas las actuaciones registrales, incluidos los expedientes, sean de la exclusiva competencia de las oficinas de Registro Civil, sin perjuicio de la celebración de matrimonio civil ante otros funcionarios, Alcaldes, o las especialidades propias de los matrimonios canónicos o de otras confesiones.
  • Compromiso por parte del Gobierno del impulso a la reforma de la Ley de 2011,
    así como cuantas otras normas legales o reglamentarias deban dictarse para cumplimiento del Acuerdo (lo que implica, además de la prórroga de la Ley, la modificación de algunas normas ya dictadas o en vigor, por ejemplo las relativas a los expedientes de nacionalidad; en definitiva, todas las normas que modifican las competencias del Registro Civil, extrayendo de su competencia determinados trámites, deben correr ahora la misma suerte que la Ley del Registro Civil de 2011, prorrogándose su entrada en vigor, para que pueda acometerse la reforma de las mismas en consonancia con nuestras reivindicaciones sobre competencias plenas y exclusivas del Registro Civil).
En el transcurso de la reunión, y ante las reivindicaciones de STAJ, y las que han hecho otras organizaciones sindicales, el Ministerio ha hecho un receso y a la vuelta del mismo, de manera en exceso tibia, ha aceptado modificar el término “velar”, sin especificar el cómo. Desde STAJ insistimos, lo que debe hacerse es garantizar que el Gobierno promoverá la reforma de la Ley y cuantas disposiciones sean necesarias, para incluir los puntos que consideramos vitales y sin los cuales difícilmente podremos firmar acuerdo alguno.

El Ministerio debe dar respuesta a todas estas reivindicaciones, y se ha comprometido a estudiar y analizar nuestras alegaciones escritas y las realizadas de viva voz en la reunión.

Hemos advertido al Ministerio que ya no nos fiamos, porque aunque verbalmente su compromiso es el de llegar a un acuerdo, esto no lo hemos visto plasmado con hechos.

El Ministerio ha cerrado la reunión con la intención de convocar nuevamente, una vez hayan consultado la posibilidad de introducir las modificaciones solicitadas. En absoluto vamos a firmar un Acuerdo de mínimos.

Desde STAJ hemos sido claros en cuanto a que la firma de los acuerdos conlleva su ineludible ejecución. El acuerdo de 2015 está pendiente de cumplimiento en muchos de sus puntos, como por ejemplo la devolución plena de los 9 días de asuntos particulares, de los que aún nos resta por recuperar tres, respecto de lo cual hemos exigido que de forma urgente se reconozcan esos tres días de asuntos particulares, permitiendo su disfrute durante el 2017.

Desde el Ministerio se debe fijar un calendario para terminar de negociar las modificaciones que correspondan para la ejecución total del acuerdo de 2015 sin mas demoras.

Este Ministro se ha especializado en la gestión de su imagen ante los medios de comunicación, olvidando su principal objetivo, una Justicia moderna, ágil y efectiva, que necesita una importante inversión. Las palabras no bastan sólo nos sirven los hechos.

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