Se cumplen
dos meses de la huelga de funcionarios de Justicia de Galicia. Sesenta
días en los que los juzgados y los registros civiles de la comunidad han
estado casi paralizados y se han suspendido más de 17.000 juicios y
decenas de miles de trámites. Ni los meses de negociaciones con más de
una docena de reuniones, ni las ofertas y contraofertas de ambas partes,
ni las declaraciones cruzadas en los medios, ni las quejas de los
ciudadanos han servido para llegar a un acuerdo y no se atisba en el
horizonte una solución al conflicto.
La Xunta
sigue sin mover ficha y se mantiene en su última oferta: 133 euros más
al mes para los gestores, 108 para tramitadores y 105 para el cuerpo de
auxilio. Además ha tensado un poco más la cuerda ya que ha abierto una
veintena de procedimientos informativos para averiguar si se han
incumplido los servicios mínimos. En el caso de confirmarse, derivarán
en la apertura de un expediente disciplinario. La mayor parte de estos
procedimientos han sido en Pontevedra, que es la provincia con mayor
seguimiento de la huelga.
Unas 2.000
personas marcharon ayer sábado por las calles de Santiago. Al grito de
"Frente a la prepotencia, resistencia", funcionarios llegados de las
cuatro provincias gallegas han reclamado la dimisión del vicepresidente
de la Xunta, Alfonso Rueda, al que consideran "incapaz" y
"desautorizado" para resolver el conflicto.
"No es
cierto que tengamos intención de que esta huelga dure, es la Xunta quien
la está alargando con su incapacidad y su prepotencia", ha asegurado Enrique Araújo, del STAJ, en declaraciones a los medios al inicio de la marcha.
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