A menos de tres meses de la
entrada en vigor de la Ley 20/2011, y tras el inexplicable rechazo parlamentario a la tramitación de la proposición de Ley presentada por el Grupo
Popular en el Congreso, aún no ha comenzado tampoco a tramitarse la proposición
presentada por el Grupo Podemos.
Ambas proposiciones buscaban el
mantenimiento del Registro Civil como un servicio público y gratuito, dentro de
la Administración de Justicia, servido exclusivamente por personal de los
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con la misma estructura y
demarcación territorial actual, manteniendo las actuales oficinas, incluidas
las de los Juzgados de Paz, si bien la propuesta de Podemos es mucho más
extensa y, entre otras muchas cosas, intenta recuperar algunas de las
competencias que hasta ahora eran propias de Registro Civil y que el Ministerio
de Justicia ha ido externalizando en los últimos años (como los expedientes de
nacionalidad por residencia, o la posibilidad de tramitación de los expedientes
matrimoniales y celebración de bodas civiles ante Notario). De ahí,
precisamente, que no entendamos que este Grupo Político rechazara que se
tramitara la proposición del Grupo Popular, pues podía haber presentado su
propio texto como enmienda a la totalidad.
STAJ continúa manteniendo contactos con Ministerio de Justicia y
con los Grupos políticos para desbloquear la situación. Hemos instado la
búsqueda de consensos, y nos consta que se está trabajando en ello. El problema
es el escasísimo tiempo que queda. Por ello, lo más probable será una nueva prórroga
de la entrada en vigor de la Ley de 2011, pero STAJ ha exigido que, aunque se produzca esa prórroga, la
tramitación de la reforma de la Ley debe seguir su curso, pues en otro caso no
se estará sino continuando la situación de incertidumbre en la que más de 5.000
funcionarios y funcionarias de Justicia, destinados en Juzgados con
competencias de Registro civil, mantienen desde hace años.
Por otro lado, nos alegra que por
fin haya colectivos que se hayan dado cuenta de la situación y ahora alcen su
voz contra la ley de 2011. Nunca es tarde, aunque nosotros lo hemos venido
advirtiendo desde que se tramitaba aquella ley, pues, como venimos diciendo
desde entonces, con la Ley 20/2011, desaparece el Registro Civil tal como lo
conocemos creándose unas cuantas pocas oficinas de Registro Civil al antojo de
cada Comunidad Autónoma, quedando fuera de la Administración de Justicia,
perdiendo sus destinos los funcionarios que ahora ocupan puestos de Registro
Civil, reordenándose a otros puestos (los funcionarios de carrera) o
directamente cesados (los funcionarios interinos), y poniendo en serio riesgo
la continuidad de los Juzgados de Paz al desaparecer una de sus principales
funciones. En resumen, el desmantelamiento total de las actuales oficinas de
Registro Civil. STAJ lucha para que
nada de eso suceda.
