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viernes, 20 de marzo de 2020

El Ministro de Justicia coordinará la actividad de los funcionarios de justicia de toda España


En el BOE de hoy viernes 20 de marzo se publica la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

En virtud de esta orden del Ministerio de Sanidad, se encomienda al Ministro de Justicia "la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en todo el territorio del Estado."

Asimismo, le corresponderá la coordinación de los servicios públicos prestados a través de los Colegios Profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia y, en particular, el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita 

Esta orden faculta al Ministro de Justicia para adoptar las medidas necesarias para "garantizar, en todo el territorio del Estado, una aplicación homogénea de los servicios esenciales para la salvaguarda de derechos y libertades de la ciudadanía y de las recomendaciones establecidas por este Ministerio para la salvaguarda de la salud pública."

Hoy a las doce se reúne por videoconferencia el secretario de estado de justicia con los consejeros de las comunidades transferidas la conferencia sectorial de justicia a fin de coordinar los servicios esenciales mientras dure esta situación, y antes se reunirá el Secretario General con las organizaciones sindicales representativas en justicia. 

Desde STAJ insistiremos para que se dicten nuevas instrucciones acerca de la dotación de plantilla para cubrir los servicios esenciales, preservando la salud pública y la personal de los trabajadores de justicia, priorizando la disponibilidad, con la plantilla mínima imprescindible para garantizar el servicio. Los funcionarios de la administración de justicia garantizamos que los servicios esenciales se prestarán, como siempre se ha hecho, pero exigimos que no se ponga en riesgo innecesariamente la salud de todos.