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STAJ pide la dimisión del Presidente del CGPJ Carlos
Lesmes y de todos los integrantes de la Comisión permanente.
El comunicado dictado en el día de hoy por el Consejo
General del Poder Judicial en relación con los servicios esenciales que debe
prestar la Administración de Justicia y los efectivos que deben desempeñarlos,
ha desatado la indignación en el colectivo de funcionarios de este sector.
En días anteriores, ya había decretado el máximo
órgano de Gobierno de Jueces y Magistrados lo que debía considerarse servicios
esenciales. Sin embargo, según la estructura orgánica de la Administración de
Justicia, algunas Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en
materia de Personal y en las que no es así, estas competencias las tiene
atribuidas el Ministerio de Justicia. Por tanto, el CGPJ puede determinar qué
servicios son los considerados esenciales, pero no cuántos funcionarios deben
atenderlo..
En este escenario, algunas Comunidades Autónomas, como
la de Andalucía, se han mostrado con sus medidas más acordes con el Estado de
Alarma y más sensibilizadas que otras con la recomendación sanitaria de
mantener el menor número de personas expuestas y promocionar el teletrabajo,
con el fin de controlar la expansión del Coronavirus. En el ámbito no transferido STAJ lleva presionando toda la semana al Ministerio de Justicia para que fije una dotación mínima, pero suficiente, para atender los servicios esenciales marcados. En este contexto, el Ministerio de Justicia había convocado para mañana una conferencia sectorial con las comunidades autónomas transferidas y una reunión con los sindicatos de justicia representativos.
Pues bien, ante la disparidad de posiciones
autonómicas, y especialmente ante las que se han mostrado más austeras en la
dotación de personal, favoreciendo la disponibilidad en caso de necesitar su
presencia sobre la prestación estrictamente presencial, la Comisión Permanente
del CGPJ ha dictado un comunicado con una introducción áspera y amenazante
dirigida a las Administraciones con competencias en materia de Justicia y un
enaltecimiento del trabajo de los jueces, al tiempo que insulta al personal
funcionario que presta servicio en juzgados y tribunales.
Pero paradójicamente, los jueces y magistrados en
estos días, por indicación precisamente del CGPJ, permanecerán en su mayoría en
sus casas, salvo en los supuestos de servicios esenciales, mientras que a los
funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia les exigen presencia,
incluida en aquellos órganos judiciales en los que no es necesario por no
constituir servicios esenciales, o permanecer en éstos un mayor número de
personas de las necesarias para cubrirlos.
Póngase de manifiesto, que estos funcionarios que
deben prestar los servicios esenciales carecen, en la mayoría de las
Comunidades Autónomas, de material de seguridad y prevención contra el
Coronavirus, pues el Ministerio de Sanidad los está requisando todos.
Por tanto, el CGPJ pretende favorecer la prestación
del servicio presencial, sobre la de disponibilidad, teniendo que hacerlo,
además, sin material de protección. En su comunicado, el CGPJ indica que la
“esencialidad del Estado de Derecho… es ahora, en momentos de crisis, cuando su
vigencia y permanencia debe hacerse evidente a los ciudadanos, y que los
Juzgados y Tribunales permanezcan abiertos y dotados con el personal necesario
para asegurar la protección de sus derechos es parte de esa evidencia”.
Desde STAJ queremos señalar que la prioridad de los
españoles en estos momentos de crisis no es la protección de sus derechos
civiles ni procesales, sino de su salud. Por tanto, todos aquellos órganos
judiciales que no prestan servicios esenciales, cuya desatención crea un grave
menoscabo e irreparable perjuicio, deben permanecer servidos en régimen de
disponibilidad, esto es, ser requeridos en caso de ser necesario.
Por tanto, la amenaza velada que lanza el CGPJ a las
Administración con competencias en materia de Personal al Servicio de la
Administración de Justicia más parece una reclamación de poder y omnipresencia
perdidos en esta materia, que una “heroica” protección de la prestación de los
servicios, pues las medidas tomadas con prudencia por parte de las
Administración no ponen en riesgo la prestación de esos servicios esenciales y
contribuyen a la protección de la salud de los trabajadores y el control de la
propagación del virus que tiene en Estado de Alerta a la nación.
El comunicado insulta a los funcionarios judiciales cuando insinúa que estamos pretendiendo el abandono de los servicios públicos al tiempo que pone en valor la entrega de colectivos como el sanitario, las fuerzas de seguridad del Estado, o diversos colectivos de trabajadores del sector privado, olvidando que la disponibilidad del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia es absoluta siempre y, por supuesto, más aún en situaciones como las que desgraciadamente estamos viviendo.
La Comisión Permanente del CGPJ, autora del
comunicado, con el Presidente Carlos Lesmes a la cabeza, está demostrando su
absoluta incompetencia e incapacidad para gestionar adecuadamente una situación
de crisis, limitándose a dar órdenes sin ofrecer ni un solo mecanismo, plan o
reestructuración temporal de las competencias judiciales para su asunción, en
la medida de lo posible, por los servicios de guardia que permanecen
ininterrumpidamente abiertos con absoluta normalidad, manteniendo al resto en
situación de disponibilidad, lo que permitiría minimizar el riesgo de contagio
entre los funcionarios y por ende la propagación del virus al tiempo que se
salvaguarden los derechos de la ciudadanía.
Para STAJ el CGPJ con este comunicado muestra una
grave falta de sensibilidad, responsabilidad y solidaridad con la situación de
alarma que vive nuestro país y con la salud de los trabajadores de la
Administración de Justicia, así como una falta de atención al compromiso que a
todos como ciudadanos nos compete, de mantenernos fuera de circulación, salvo
para actuaciones de estricta necesidad vital.
Por todo ello, STAJ pide la dimisión del Presidente
del Consejo General del Poder Judicial y de todos los integrantes de la
Comisión permanente autora del comunicado.
