La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados acordó
en su sesión del pasado jueves prorrogar nuevamente por DOS AÑOS la
entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil.
La prórroga es fruto del acuerdo al que han llegado PSOE, PP,
Ciudadanos, PNV y PdeCat, con la abstención del Grupo Confederal de
Unidos Ponemos, En Comú Podem y En Marea.
Esta nueva prórroga se introducirá como enmienda adicional a la
proposición de Ley para delimitar normativamente la situación de
vivienda desocupada, conocida como "la ley de los ocupas".
Aún desconocemos el contenido concreto de la enmienda, pero nos tememos
que se limitará a la prórroga de la vacatio, sin ninguna medida
transitoria que garantice lo que desde STAJ venimos pidiendo
insistentemente: que el Registro Civil se mantenga en la Administración
de Justicia, servido entera y exclusivamente por funcionarios de
Justicia, con la misma estructura y demarcación actuales, incluidos los
Juzgados de Paz.
Desde STAJ hemos mantenido contactos con el Ministerio de
Justicia y con los diferentes Grupos políticos para desbloquear la
situación, instando la búsqueda de consensos. Por ello, celebramos esta
nueva prórroga, aunque seguimos exigiendo que la tramitación de la
reforma de la Ley siga en curso, pues en otro caso no se estará sino
continuando la situación de incertidumbre de los más de 5.000
funcionarios de Justicia destinados en Juzgados con competencias de
Registro Civil.
Por otro lado, no alegra que por fin haya colectivos que se hayan dado
cuenta de la situación y ahora alcen su voz contra la ley de 2011. Nunca
es tarde, aunque nosotros lo hemos venido advirtiendo desde que se
tramitaba aquella ley, pues, como venimos diciendo desde entonces, con
la Ley 20/2011, desparece el Registro Civil tal como lo conocemos
creándose unas cuantas pocas oficinas de Registro Civil al antojo de
cada Comunidad Autónoma, quedando fuera de la Administración de
Justicia, perdiendo sus destinos los funcionarios que ahora ocupan
puestos de Registro Civil, reordenándose a otros puestos (los
funcionarios de carrera) o directamente cesados (los funcionarios
interinos), y poniendo en serio riesgo la continuidad de los Juzgados de
Paz al desaparecer una de sus principales funciones. En resumen, el
desmantelamiento total de las actuales oficinas de Registro Civil.
STAJ ha luchado en todo momento para que nada de eso suceda y
seguimos defendiendo el mantenimiento del Registro Civil como servicio
público y gratuito, dentro de la Administración de Justicia, servido
exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia, con la misma estructura y demarcación
territorial actual, manteniendo las actuales oficinas, incluidas las de
los Juzgados de Paz.
Seguimos luchando por el mantenimiento del Registro Civil como servicio público. El hecho de esta prórroga no significa que la pelea por el Registro Civil haya terminado.
