- Justicia convoca la mesa de retribuciones que estudiará las mejoras salariales que reclaman las carreras judicial y fiscal.
- STAJ exige que las mejoras salariales sean para todos los funcionarios de Justicia de ámbito Ministerio.
La reunión constitutiva de la comisión se producirá el próximo 27 de septiembre y se citará a las siete asociaciones profesionales y a la Fiscalía.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, cumple así el compromiso que asumió en la reunión mantenida el pasado 23 de julio con los representantes de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados y de fiscales, a quienes anunció la convocatoria de la ‘mesa de retribuciones’ para finales de septiembre.
En la reunión del pasado 23 de julio, el Ministerio y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales acordaron estudiar mejoras retributivas para jueces y fiscales mediante nuevas retribuciones variables a través del complemento de productividad. La comisión encargada de la revisión salarial deberá estudiar cómo encajar esas mejoras en las dotaciones presupuestarias fijadas por el Parlamento para 2018.
Aunque la Ley 15/2003 establece que la ‘mesa de retribuciones’ debe reunirse de manera quinquenal, lo cierto es que esta comisión solo se convocó una primera vez en 2003, tras su creación legal. En 2010 hubo un segundo intento de convocarla que no fructificó, sin que haya vuelto a reunirse desde entonces.
Acorde con el compromiso de la ministra Delgado con las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, el Ministerio de Justicia considera necesario cumplir con el precepto legal y convocar la ‘mesa de retribuciones’ para revisar las condiciones salariales de los miembros de las carreras judicial y fiscal habida cuenta del enorme tiempo transcurrido desde su última reunión, del poder adquisitivo perdido en los últimos años y de la necesidad de adaptar la retribución de ambos colectivos a la realidad social actual.
STAJ exige que las mejoras salariales deberán ser para todos los funcionarios de justicia de ámbito Ministerio.
Esto mismo ocurrió a finales de mayo de este año con el anterior Ministro de Justicia, Rafael Catalá, y STAJ exigió al Ministerio que destinara partidas económicas para el incremento del complemento específico en ámbito Ministerio y tras nuestra petición aclaró que la mejora salarial no era sólo para Jueces y Fiscales sino para todo el personal de su ámbito de gestión.
Todo quedó en suspenso debido al cambio de Gobierno. Ahora con el nuevo gobierno, de distinto color, la historia se repite. La nueva Ministra, fiscal de profesión, no se acuerda de los funcionarios de Justicia y solo pide mejoras retributivas para Jueces y Fiscales.
Pero la realidad es que los funcionarios de Justicia destinados directamente por el Ministerio de Justicia, son los peor pagados de todo el Estado, con diferencias que superan en algunos casos los 600 euros mensuales.
STAJ ha exigido al Ministerio que con carácter urgente convoque Mesa Sectorial en la que se negocie el incremento salarial que llevamos meses reclamando los funcionarios de Justicia de su ámbito de gestión.
Para STAJ es intolerable que, una vez más, el Ministerio ningunee a los funcionarios, y se acuerde sólo de los que, precisamente, mejores retribuciones perciben, STAJ no duda que las reivindicaciones de jueces y fiscales sean justas, pero lo que no podemos tolerar es que, como siempre, el Ministerio desprecie al resto de integrantes de la Administración de Justicia, que somos, además, los que más hemos padecido los recortes, por tener salarios mucho más pobres.
En la última reunión del Ministerio con los representantes sindicales que tuvo lugar el 26 de julio de 2018 la ministra de Justicia, Dolores Delgado, “…subrayó el propósito del nuevo equipo directivo de entablar una relación de cooperación y complicidad fructífera en la que a través del diálogo sincero, esfuerzo y suma de todos, conseguir satisfacer las diferentes reivindicaciones económicas y profesionales, haciendo hincapié en la importancia de la Justicia…”.
Es hora de cumplir con lo que se dice porque la paciencia de las funcionarias y funcionarios de Justicia ha llegado al límite.
