En defensa del servicio público y de las condiciones de trabajo de los funcionarios y funcionarias de justicia.
La nueva Ley orgánica de
eficiencia organizativa (LOEO) supondrá un cambio radical en la organización de
la Administración de Justicia, que afectará por un lado a la organización de
jueces y tribunales y por otro a lo que se conoce como oficina judicial que les
presta apoyo y en la que realizarán sus servicios los funcionarios y
funcionarias. Desde su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado mes de
abril, STAJ y resto de sindicato representativos de justicia, hemos
estado exigiendo al Ministerio negociar los cambios que supondrá la LOEO en sus
condiciones de trabajo, objetivo que hasta el momento ha sido estéril porque
sólo se ha limitado a informar que seguirá adelante con la nueva ley sin
admitir ni las numerosas enmiendas que hemos presentado a su actual redacción a
través de los grupos parlamentarios, ni a su negociación en mesa.
El diseño de esta profunda
transformación conllevará la desaparición de los juzgados -tal y como los
conocemos actualmente-, para pasar a constituirse en macro oficinas denominadas
Unidades Procesales de Tramitación (UTRAM) y los servicios comunes: uno denominado
General con funciones de registro, reparto, actos de comunicación, etc. y otro
de Ejecución. Esto supondrá que todos los funcionarios judiciales nos
concentraremos al cien por cien en estas “súper oficinas” para las que la ley
no prevé garantía alguna de movilidad voluntaria, diferenciación ni definición
de puestos por jurisdicciones ni seguridad en cuanto a las retribuciones que
percibimos en nuestros actuales destinos. A juicio de STAJ, bajo unos
pretendidos objetivos de “racionalización y flexibilización de las plantillas
de funcionarios”, esta reforma esconde unos nuevos mecanismos que ahondarán aún
más en el deseado control de la administración de Justicia al servicio del
partido gobernante, ya que en la práctica permitiría una “movilidad discrecional”
de funcionarios para –entre otros objetivos- pueda ralentizar o acelerar
procesos judiciales desde su inicio, al servicio de intereses partidistas,
según convenga en la coyuntura política del momento y dejando de ser ese
servicio esencial, imparcial e independiente tal y como está consagrado en
nuestra Constitución. Y todo ello a costa del mayor ataque que se ha producido
a los derechos y condiciones de trabajo de los funcionarios judiciales. Ni el
partido gobernante ni la titular del Ministerio de Justicia han mostrado la más
mínima intención de negociar esta reforma legal con STAJ y resto de
sindicatos representativos de Justicia y esto constituye un hecho que evidencia
esos intereses ocultos para que se apruebe sin negociación para la semana próxima
en el Congreso.
A fecha de hoy el Ministerio continúa sin admitir en el texto legal unas garantías tan básicas como las que exigimos: la diferenciación y determinación de puestos de trabajo, la libre elección de puesto mediante concurso de traslado y las retribuciones y, por todo ello, el colectivo más numeroso que soporta el mayor peso de trabajo de la administración de Justicia, seguirá movilizándose en todas las principales sedes judiciales de todo el estado mañana día 16 de diciembre y continuará con las protestas sin descartar la convocatoria de huelga para el caso de que no se consiga la paralización de la tramitación parlamentaria de la LOEO y que por el Gobierno se proceda a la negociación del Anteproyecto de ley.
