STAJ, CSIF, CCOO, UGT y CIG, solicitamos la paralización de la tramitación del proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa que impone los tribunales de instancia sin negociación sobre condiciones de trabajo.
En un escrito conjunto dirigido a los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia, los cinco sindicatos les hemos solicitado que no apoyen la tramitación de la ley de eficiencia organizativa mientras el Ministerio no inicie un proceso de negociación real y efectiva sobre su contenido ni garantice la negociación de las relaciones de puestos de trabajo y los procesos de acoplamiento con carácter previo a la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia.
Como explicamos en el escrito, la tramitación del proyecto de ley no puede hacerse en contra de los derechos fundamentales de miles de empleados públicos que según el TREBEP (art. 37 letra k) tienen derecho a la negociación colectiva a través de sus representantes legales.
En estos momentos, y en estas condiciones, votar “sí” al proyecto de ley supone cercenar el derecho fundamental de miles de ciudadanos, empleados/as públicos/as de la Administración de Justicia.
Los cinco sindicatos de Justicia exigen a las comunidades autónomas que se pronuncien a favor de la negociación colectiva en el seno de la Conferencia sectorial
Tal y como advertimos en el escrito, los Consejeros y Consejeras de Justicia de las CCAA con competencias, deben pronunciarse a favor del respeto de la negociación colectiva pues, en caso contrario estarían avalando la posición antisindical y vulneradora del derecho de negociación colectiva del Ministerio de Justicia.
Las Comunidades autónomas no pueden mirar a otro lado mientras se vulnera un derecho fundamental y, en este sentido, los cinco sindicatos les hemos advertido de que, en caso de permanecer silentes, serán corresponsables de esta vulneración y nos obligará a extender el conflicto de Justicia a sus ámbitos territoriales durante el año próximo.
El Ministerio debe reflexionar, solicitar la paralización de la tramitación de la LOEO y abrir un proceso de negociación colectiva real y efectiva sobre la implantación del nuevo modelo de Justicia
Aún está a tiempo, la Ministra de Justicia debe ejercer como tal y respetar los derechos fundamentales de los trabajadores de los Juzgados, fiscalías, institutos y del Registro civil. Y, entre ellos, el de negociación colectiva.
El Ministerio tiene la oportunidad histórica de rectificar su deriva. De abandonar ideas absurdas expresadas, entre otras veces, en la reunión del pasado día 13 de diciembre, martes, sobre que las leyes no se negocian o que el Ministerio cumple las leyes no los acuerdos.
El Ministerio tiene la oportunidad de demostrar que quiere un acuerdo sobre el nuevo modelo de oficina judicial y fiscal y del Registro civil, que van todos relacionados. Un acuerdo inclusivo que alcance también al personal de Justicia.
