Ayer 25 de abril ha tenido lugar una nueva reunión del grupo de trabajo de la ley de eficiencia del servicio público de Justicia, en la que como hemos venido haciendo las últimas dos semanas continuaríamos realizando nuestras aportaciones al texto del proyecto.
Al inicio de la reunión, y dado que en la anterior del día 16 de abril lo habíamos preguntado y, el equipo del Ministerio que acude a estas reuniones se había comprometido a traer una respuesta, se nos ha comunicado que, respecto a las funciones, únicamente se va a tratar lo que se recoge en el proyecto, esto es, la “redefinición de algunas de las funciones encomendadas al personal de la Administración de Justicia para acomodarlas a la prestación de servicios en las Oficinas de Justicia en los municipios”, pero se niega al reconocimiento legal y retributivo del resto de funciones que efectivamente se desempeñan y las nuevas que se asumen.
Inicialmente, el Ministerio tampoco se ha mostrado abierto en la reunión a ninguna modificación que garantice mínimamente en la ley la diferenciación de puestos de trabajo dentro de los centros de destino, a efectos de concursos de traslado, atribución de funciones, etc., ni garantiza de ningún modo la movilidad voluntaria y no forzosa, los puestos de trabajo existentes o sus retribuciones específicas (por ejemplo, las guardias). Sí que ha dicho, ante la insistencia de STAJ, pero sin comprometerse a ello, que podría incluirse en otro texto normativo, pero no en la propia ley, que a estos efectos viene a ser, en líneas generales, una reproducción de lo que actualmente regula la propia LOPJ, solo que adaptándolo a la existencia de futuros tribunales de instancia y oficinas de justicia en el municipio.
Ante esta actitud del Ministerio STAJ hemos exigido la convocatoria urgente de mesa sectorial en la que se negocien las funciones, así como que se traiga a ella un borrador de modificación del Reglamento de Ingreso que garantice la diferenciación de puestos de trabajo en los centros de destino, advirtiendo que si esta petición no era atendida, nos levantaríamos de la mesa dando por finiquitados los grupos de trabajo que se ha demostrado que sólo han servido para hacernos perder el tiempo.
Tras un receso, el Ministerio se ha comprometido a convocar mesa sectorial para la semana del 13 de mayo, cuyo orden del día será, exclusivamente, la negociación de las “conclusiones de las reuniones de los grupos de trabajo”, informándonos en ella de lo que se admita o no de las alegaciones sindicales respecto a los artículos de la LOPJ que se modifican con el proyecto, así como la negociación de una propuesta de modificación del actual artículo 39.bis del Reglamento de Ingreso, que es el que contiene la concreción de los puestos de trabajo dentro de los centros de destino. De funciones, expresamente, ha dicho el Ministerio que ”AHORA NO TOCA”.
Lamentablemente, lo vivido hoy no es más que es la otra de las consecuencias de la actitud de CSIF y UGT por aceptar el chantaje del Ministerio de Justicia cuando en la mesa sectorial del día 7 de marzo decidió dar por finalizada la negociación del incremento del complemento general de puesto, pues aunque se empeñan en intentar engañar a los demás -y a sí mismos-, este incremento es precisamente el que debería retribuir el reconocimiento de las funciones que desempeñamos y las que se nos adjudican con las nuevas leyes y por ello ahora el Ministerio se niega a negociar las funciones. Estos dos sindicatos han firmado un cheque en blanco para que el Ministerio pueda hacer lo que le venga en gana, imponer sus leyes de eficiencia y la nueva organización de la Administración de Justicia y continuar, sine die, sin reconocer el trabajo que realmente desempeñamos los funcionarios de los cuerpos generales, mientras sí se lo reconoce a los Letrados de la Administración de Justicia.
